Las áreas rurales de América Latina (AL) han perdido visibilidad y atención ante la creciente urbanización y concentración de la población en ciudades del continente. AL es el segundo continente, luego de Norte América, cuya población se encuentra concentrada en áreas urbanas con el 75 % de sus habitantes ubicados en ciudades¹.

Sin dejar de reconocer la trascendencia del pujante dinamismo de las ciudades latinoamericanas, debemos rescatar la importancia estratégica de las áreas rurales como escenario para el crecimiento económico y social, con transformación productiva, competitividad e inclusión social y territorial para el desarrollo sostenible.

Las áreas rurales albergan la cuarta parte de la Población Económicamente Activa (PEA) de América Latina y concentran cerca del 21 % de la población (129 millones de personas en 2015) en 33 países. Nuestras áreas rurales son productoras de alimentos y conservadoras del ambiente garantizando la sostenibilidad del planeta. Sus inmensas zonas de tierra fértil, abundante sol y recursos hídricos (33 % del planeta), su Amazonía -la selva tropical más grande del mundo y considerada defensa natural ante el cambio climático-, sus zonas marinas con especies muy demandadas y sus ingentes recursos minerales, son solo algunos ejemplos de por qué AL es considerada la región en vías de desarrollo mejor dotada del mundo².

Al año 2050, la población mundial alcanzará los 10 mil millones de habitantes, y se requerirá alimentos para abastecer esa gran demanda. AL debe prepararse para convertirse en un proveedor estratégico, considerando las mejores prácticas ambientales, garantizando la seguridad alimentaria y la transferencia de conocimiento a nuestros pueblos³. El potencial productivo y de generación de riqueza que las áreas rurales de AL ofrecen es muy vasto y debemos aprovecharlo transformándolo productivamente, generando valor agregado y creando empleos que provean de mejores ingresos para lograr una mayor inclusión y mejores condiciones de vida de la población. Las mujeres rurales son parte esencial para el aprovechamiento de estas oportunidades.

Las mujeres rurales de AL conforman una población de 58 millones de habitantes (48 % de la población rural total de AL) y cerca del 20 % pertenece a pueblos indígenas⁴, que al igual que los varones, se encuentran trabajando principalmente en la actividad agrícola. El número de personas ocupadas en el sector rural, en términos absolutos, ha seguido aumentando en las últimas décadas a pesar de que, en términos relativos, ha disminuido frente al crecimiento de la población urbana, y el peso relativo del empleo agrícola también viene disminuyendo⁵.

Este aumento se debe fundamentalmente al incremento del empleo de las mujeres, cuya tasa de actividad promedio para la región pasó de 32.4 % en 1990 a 47.5 % en 2010. La participación laboral de las mujeres rurales creció en 45 % en los últimos 20 años. No obstante, dicho aumento es todavía bastante más bajo que el masculino, que alcanzaba a 85.1 % en 2010⁶.

La creciente incorporación de mujeres al empleo agrícola se ha debido principalmente a la integración del agro de los países de la región a la economía mundial; permitiendo a muchas mujeres tener por primera vez ingresos propios a través de un salario y por lo tanto, autonomía económica.

El empleo femenino rural en AL es heterogéneo y se da en actividades agrícolas, no agrícolas y de autoconsumo que los instrumentos estadísticos tradicionales no contabilizan como actividad productiva sino como doméstica, subestimando la participación femenina real en la producción y en el mercado laboral⁷. Por ejemplo, mientras que en Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay la participación laboral femenina en la agricultura es alta (superior a 50 %); en otros países como Chile, Cuba y Venezuela es muy baja (entre 20 % y 30 %). Países donde son las mujeres adultas quienes se ocupan de estas labores, o como en el caso de Bolivia y Guatemala, considerados dentro de los países con mayor incidencia de trabajo infantil femenino y de presencia de mujeres mayores de 60 años⁸.

La región también tiene gran presencia de poblaciones indígenas. Tan sólo en Panamá, país con 4 054 000 de habitantes, las mujeres constituyen el 49.9 % del total de la población nacional con un índice de feminidad de 99.5. El 67 % de la población total, vive en áreas urbanas con presencia de 51 % de mujeres y 49 % de hombres. En áreas rurales habita el 33 % de la población con presencia de 48 % de mujeres 52 % de hombres⁹.

El 12.3 % (417 559 personas) de la población panameña es indígena, con 50.9 % hombres y 49.1 % mujeres. Cerca de 195 285 indígenas habitan dentro de las comarcas y el resto, 222 274, residen fuera de estas. Panamá cuenta con ocho grupos étnicos, pertenecientes a los pueblos Kuna, Ngäbe, Buglé, Emberá, Wounaan, Bokota, Teribe/Naso y Bri Bri, los cuales se encuentran geográficamente distribuidos dentro y fuera de las cinco comarcas legalmente establecidas, tres de ellas a nivel de provincia (Kuna Yala, Emberá-Wounaan y Ngäbe-Buglé) y dos a nivel de corregimiento (Kuna Wargandí y Kuna Madungandí).

Aun cuando Panamá es la economía de más rápido y sostenido crecimiento económico en la última década a nivel mundial, (índice de desarrollo humano de 0.765 sobre 1), situándolo en el puesto 65 de 187 países en el mundo, presenta retos de desigualdad (cae al puesto 83), más aún cuando se desagrega desigualdad entre hombres y mujeres, cayendo al lugar 107, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta situación de desigualdad se concentra en zonas rurales y afecta principalmente a las mujeres, a los jóvenes y especialmente, a la población indígena. A pesar de los esfuerzos para ofrecer a la mujer igualdad de oportunidades, siguen evidenciando desigualdades marcadas: El 49.4 % de la PEA frente al 79.7 % de los hombres, 5.3 % tasa de desempleo femenino frente al 3.3 % de los hombres agravándose la diferencia entre los 15 y 24 años. El 39.6 % de las mujeres rurales carecen de recursos propios frente al 14 % de los hombres. En zonas urbanas, los porcentajes son del 28.1 % y del 5.8 %, respectivamente.

En materia de acceso a sus derechos fundamentales ha habido avances, pero aún existe mucho trabajo por hacer. El analfabetismo ha disminuido al paso de los años; sin embargo, en las comarcas las tasas son altas: Comarca Ngäbe-Buglé, un 30.8 %, Comarca Kuna Yala 28.3 %, Comarca Emberá, un 22.9 %. La desnutrición crónica en las comarcas se estima en 62 % en niños menores de cinco años, mientras que en el resto del país asciende a 17.7 %. La tasa global de fecundidad de las mujeres indígenas era de 6.4 hijos por mujer, siendo esta tasa menor (4.6 hijos) en aquellas mujeres indígenas que residen fuera de la comarca. Esto debido al mayor acceso a servicios de salud, oportunidades de empleo, educación y otros beneficios que no tienen las que residen dentro de las áreas comarcales¹⁰.

En lo referente a la mortalidad infantil, observamos que dentro de la comarcas, se registra una tasa de 54.5 defunciones por cada mil nacidos vivos. Fuera de las comarcas es menor, 33.2 %¹¹.

Guardando las particularidades de cada país, el denominador común del perfil de las mujeres rurales ocupadas en la agricultura en América Latina es el siguiente¹²:

Son principalmente adultas, aunque también se registra la presencia de niñas menores de 15 años. Bajos niveles de escolaridad, la mayoría entre 0 y 5 años de escolaridad, valores menores a los de las trabajadoras urbanas y que los de los hombres rurales. Alto porcentaje de tasas de analfabetismo, especialmente entre mujeres rurales adultas. Según CEPAL/FAO, El Salvador (37.5 %), Bolivia (45.8 %), Guatemala (60.7 %) y Perú (65.9 %) registran las mayores tasas de analfabetismo. Actividad principalmente agrícola con sobrecarga de trabajo, por división sexual del trabajo, que les atribuye, además de las actividades productivas y de autoconsumo, el cuidado de hijos, ancianos y enfermos de la familia y comunidad. Bajos o nulos ingresos por arduo trabajo porque trabajan como familiares no remuneradas en la agricultura o en el autoconsumo familiar, como extensión de las labores “domésticas” sin ingreso con relación de dependencia respecto de los hombres. El trabajo asalariado es mayoritariamente en empleos temporales con bajo nivel de cobertura en los sistemas de protección social, lo que genera inseguridad económica. Escaso acceso a la propiedad de la tierra y al manejo de insumos, tecnología y conocimientos técnicos. Brecha de ingresos persistente. Doble discriminación por ser mujer y su por condición indígena e invisibilización del trabajo que realizan en el ámbito reproductivo, productivo y para el autoconsumo.

Desarrollo Territorial Sostenible e Integral y Plan Maestro del Agro,
Región Occidental de Panamá, como oportunidad para la mujer rural

Alineado con la Visión del Gobierno de Panamá 2014-2019 “Un solo país”, CAF ha elaborado una estrategia de desarrollo territorial sostenible e integral que promueve la generación de valor agregado para impulsar la productividad, el desarrollo tecnológico, el empleo, los ingresos y la competitividad de Panamá.

Luego de viajes de trabajo a las diferentes regiones y el estudio de sus potencialidades, se priorizó la región occidental, provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, integrando a la Comarca Ngäbe-Buglé, para desarrollar una primera experiencia de acción regional concertada entre el sector público y privado para construir el desarrollo sostenible y la competitividad regional. Bajo esta idea se crea el Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO), espacio impulsado por los gremios locales con apoyo del CAF, dedicado a fortalecer su institucionalidad empresarial. Una experiencia que está teniendo resultados sorprendentes en su corta existencia, modelo que puede ser replicado.

En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el CECOMRO y a solicitud de ambos, CAF financió un diagnóstico y hoja de ruta para el reposicionamiento de la actividad agropecuaria en ese territorio, con la participación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) teniendo en cuenta que la actividad agropecuaria es el motor de la producción y la economía local.

La sólida base técnica del diagnóstico realizado por el IICA, aunado al vivo interés del CECOMRO para reposicionar el sector agropecuario y el claro apoyo del MIDA y del Presidente de la República Juan Carlos Varela, dieron origen al diseño del Plan Maestro del Agro de la Región Occidental (PMARO). Para ponerlo en práctica, el MIDA ha realizado un aporte público de US$155 millones a través de un préstamo de CAF -en su primera etapa por US$27.6 millones. El Plan cuenta con el acompañamiento técnico del IICA y la participación del CECOMRO, que además, asumió el compromiso de invertir US$402 millones en siete años.

Esta región produce la mayor oferta de alimentos en el país y el PMARO ha priorizado las cadenas agropecuarias con mejores oportunidades: cacao, café, carne, leche, plátano y hortalizas. El Plan parte de un intenso programa de inversión para la aplicación de las mejores prácticas agropecuarias elevando la capacidad tecnológica de los productores, cerrando las brechas comerciales con una oferta competitiva en los volúmenes requeridos por los mercados nacionales e internacionales. Beneficiará de manera directa a 15 mil productores organizados y su impacto regional será crucial. Se estima que de las 65 mil personas que producen en el agro (incluye propietarios y trabajadores) 53 mil (81 %) participarán dentro del PMARO, incluyendo más de 10 mil nuevos empleos de calidad a nivel de la fase primaria del agro.

El Plan busca atender las principales debilidades detectadas tales como: alta dispersión y bajo nivel asociativo en los productores; baja productividad; limitada capacidad para negociar condiciones; débil organización de la oferta y estandarización de la calidad; altas mermas en las redes de acopiadores locales; y bajos precios al productor y calidad poco uniforme.

El PMARO constituye una oportunidad para reducir las brechas de género en el sector agropecuario de Panamá. Es por ello que MIDA, CAF y CECOMRO han incorporado la perspectiva de género en el proyecto, estableciendo como un “Principio y Lineamiento” del PMARO el de Equidad Social, Étnica y de Género, a partir del cual se reconoce, respeta y trata por igual a los distintos grupos étnicos y a los miembros, hombres y mujeres que los conforman y que se encuentran en su área de intervención.

Asimismo, se ha estructurado el programa para que los bienes y servicios que se otorgan sean equitativos, tanto para hombres como para mujeres, para que desarrollen sus potencialidades y capacidades, habilidades y destrezas, intelectuales, físicas y emocionales con las mismas oportunidades sociales, económicas, políticas y culturales. Considera la participación justa y equitativa de las mujeres dentro del proceso en cada uno de los siete programas con un porcentaje de participación cónsono con las disposiciones legales de la legislación panameña. Promueve el acceso de la mujer rural agricultora a formación técnica, insumos, equipos y tecnología y a un ingreso decente para mejorar su condición de vida y la de su familia y para fortalecer su autoestima y desarrollo personal y productivo, contribuyendo a la mejora de la productividad agrícola de la región.

Una de las primeras acciones es la capacitación a los funcionarios que participan en la implementación del Plan en torno a la perspectiva de género y sus aplicaciones e impulsar el equilibrio de género en las plantillas del personal técnico. El trabajo de extensión y transferencia tecnológica será una de las principales herramientas para impulsar la inclusión de las mujeres a través del PMARO.

Impulsar la asociatividad y emprendedurismo de las mujeres permite superar el aislamiento e integrarse a las asociaciones que presenten planes de negocio de cadenas para acceder a insumos, herramientas y tecnología que permitan incrementar sus activos y los rendimientos productivos propios y de la asociación. Se promueve su participación para la toma de decisiones incluyendo en las agendas, temas de formalización de títulos de propiedad, acceso a financiamiento y otros.

El relacionamiento de las mujeres con el manejo del agua está siendo impulsado para especialización en administración de las fuentes de agua, con transferencia de conocimiento en técnicas de irrigación y cosecha de agua.

La demanda por mano de obra en el corto plazo abre el espacio para impulsar la inclusión de la mujer como parte de la fuerza laboral, promoviendo la igualdad salarial, resaltando el valor de la mujer al aporte productivo y al desarrollo social, al comprobarse que el dinero en manos de las mujeres aumenta la inversión en mejoras familiares, especialmente de sus hijos: salud, educación y nutrición, lo que mejora el capital humano local.

Propuesta de acciones de mejora

Para poner en valor las áreas rurales de nuestros países, crear riqueza y mejorar las condiciones de vida de la cuarta parte de la población latinoamericana consideramos recomendable atender los siguientes puntos:

Promover políticas y acciones públicas para difundir el potencial de las regiones subnacionales: identificando sus riquezas aprovechables productivamente, impulsando la creación de valor agregado, que genere empleo y mayores ingresos para las poblaciones rurales más desfavorecidas. Llevar “Estado y Mercado”. Estado: con inversiones públicas en infraestructura de conectividad (carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, telecomunicaciones) y servicios básicos (agua y saneamiento, salud, electricidad, educación) y Mercado: con atracción de inversión privada nacional e internacional en los potenciales detectados para el desarrollo empresarial y los negocios en las localidades. Impulsar la inversión privada y pública en la modernización y tecnologización de las actividades agropecuarias bajo el uso de prácticas ambientales que impulsen mayor productividad y la agroexportación.

El rostro de la pobreza en América Latina es de mujer rural, principalmente indígena. Por lo tanto, para un verdadero desarrollo rural sostenible es indispensable orientar acciones al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y a su desarrollo técnico y productivo, para su progreso como persona, como eje de la familia rural y como gran aportadora a la economía y a la comunidad.

Para ello se requiere:

Erradicar el analfabetismo y mejorar los niveles de escolaridad y educación a través de esfuerzos creativos públicos y privados basados en educación práctica técnico-productiva que reditúa beneficios de corto plazo. Erradicar la desnutrición infantil y materna llevando servicios de salud y mejora nutricional para garantizar generaciones futuras sanas y productivas. Educación de mujeres y hombres en materia nutricional, sexual y reproductiva. Generar o ampliar la oferta de servicios básicos de agua potable, saneamiento, escuelas, parvularios, que permitan disminuir la carga del trabajo doméstico de las mujeres. Campañas de comunicación y sensibilización a nivel de escuelas, hogares, centros comunales, iglesias, alcaldías, para promover cultura de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las tareas domésticas, en el estudio y en el trabajo. Incorporar a las mujeres y sus iniciativas empresariales en las cadenas de valor agrícolas provisionando la asistencia técnica y financiera necesaria que garantice la sostenibilidad de los negocios de las mujeres dentro de las cadenas. Fomentar las asociatividad empresarial de las mujeres rules a fin de lograr un mejor acceso a los mercados y satisfacer la demanda. Revisar los marcos legales que dificultan el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y eliminar los sesgos de género en las políticas de trasformación agraria que excluyen a las mujeres como beneficiarias directas. Fortalecer las capacidades de liderazgo, negociación y resolución de conflictos de las mujeres rurales a fin promover su empoderamiento comunitario.

Con el aprovechamiento de nuestras ricas áreas rurales y el progreso de la población generamos inclusión territorial, económica y social equilibrando el desarrollo urbano de nuestros países.

La mayor participación de la mujer rural en la economía, y en la sociedad, con involucramiento de los varones en responsabilidades familiares y domésticas, tendremos sociedades más desarrolladas y productivas.

Bibliografía

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