Compartir el conocimiento y la experiencia es el mayor banquete al que pueda ser invitada y por esta razón, quiero empezar agradeciendo al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por ofrecerme esta oportunidad. Mi experiencia es doble. Por una parte, como académica donde he dirigido proyectos de investigación sobre las mujeres rurales y por otro, como miembro que fui del Comité Antidiscriminación de la Mujer (CEDAW), un organismo ante el cual se examinaban los Estados al objeto de exponer sus políticas públicas en materia de igualdad.

Uno de los artículos sobre los que interrogábamos a los Estados era relativo a la mujer rural (artículo 14 de la Convención) con lo cual teníamos acceso al conocimiento de las distintas dificultades en los diversos marcos territoriales y, por supuesto, a la respuesta política de cada país. CEDAW cuenta con una Recomendación General (número 34/2016) sobre los Derechos de las Mujeres Rurales, que vendría bien difundir en los distintos parlamentos, porque incluye, educación, empleo, acceso a recursos, como la justicia, la sanidad y, por supuesto, las políticas públicas orientadas a favorecer que las mujeres del ámbito rural participen en la toma de decisiones.

He tenido oportunidad de trabajar desde un doble prisma: primero en los cuatro años en el Comité donde todos los Estados, sin excepción, debían contestar con datos concretos a este tema, y en segundo lugar, desde mi cargo político como Secretaria General de Políticas de Igualdad desde el año 2004 al 2008, donde la elaboración de la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (Ley Orgánica 3/2007), nos proporcionó conocimiento sobre cuáles son los retos pendientes, que no están condicionados por una fuerte inversión presupuestaria, sino por una decidida voluntad política para neutralizar la discriminación de las mujeres en el medio rural.

1. No son propietarias, sino trabajadoras informales. Una característica común de las mujeres rurales, es que comparten las labores de una explotación agrícola y ganadera por la vía del matrimonio. Es decir, son los maridos los que cotizan a la seguridad social, allí donde la haya, o bien, son los maridos los que acuden a las ferias de ganado, fijan los precios y las transacciones comerciales. Cabría preguntarse ¿Cuántas mujeres están presentes en organizaciones de agricultores? La mayoría de las mujeres rurales pasan a depender del salario de su esposo, estando por tanto, inmersas en la economía informal que procura una relación matrimonial, donde todos los bienes y propiedades están a nombre del cónyuge varón. Por este motivo, en España se decidió corregir esta situación, y al elaborar la Ley de Igualdad, se incluyó un artículo que regulaba su participación en términos de titularidad compartida, lo que venía a solucionar la onerosa dependencia del varón, para evitar, de esta manera, que en caso de divorcio ellas quedaran absolutamente desprotegidas. 2. La falta de acceso a recursos. La educación es la primera condición que permite conocer el resto de los derechos, puesto que sin formación resulta imposible conocer qué garantías y derechos ofrecen las distintas legislaciones de cada país. La formación profesional en esta materia ha estado reservada a los hombres, por entender que era una economía intensiva de grandes jornadas de trabajo sin periodos estivales de descanso. No hay incentivos para que las mujeres jóvenes desarrollen ideas novedosas en sus lugares de origen. Los flujos de población rural hacia las ciudades se producen por la carencia de servicios. Y se ha demostrado que el arraigo poblacional depende directamente de las mujeres, es decir, de los servicios de salud y de educación, además de un transporte que permita acceder a servicios más exigentes, como complejos hospitalarios, o atención a los servicios sociales de la zona.

3. La falsa idea de que las mujeres son un colectivo. A la hora de diseñar políticas públicas, es decir, de abordar la gobernanza definida como la acción de un gobierno donde sus medidas estén validadas por la participación ciudadana, resulta habitual cometer el mismo error: considerar que las mujeres son un colectivo con especiales dificultades. No somos un colectivo. Según los datos demográficos, las mujeres somos la mayoría de la población en todos los países del mundo, con variaciones en aquellos que han sufrido un serio conflicto o tienen población desplazada. Los Gobiernos han de entender que no recoger las aportaciones de las mujeres rurales, en clave de ideas para mejorar su propia explotación, representa seguir trabajando con el perjuicio –que no con el dato estadístico- de que como colectivo interesan más sus problemas que sus aportaciones. ¿Utilizan los gobiernos la oportunidad de facilitar denominaciones de origen de los productos agrícolas? O bien, ¿recuperan artes y oficios artesanales que el nuevo paradigma de la sostenibilidad reclama como nuevo nicho de mercado? Y quiénes son las que se dedican con mayor resultado a estas innovadoras formas de producción: las mujeres rurales. Lo que podría traducirse en ramas profesionales específicas de una agricultura ecológica. 4. La participación en la vida política. Si los gobiernos no afrontan planes de igualdad para las mujeres rurales, es evidente que ellas no tendrán participación posible en el diseño de las estrategias políticas. Pero la vida política se basa en una estructura de lealtades, de apoyos, donde el intercambio de favores deja fuera de juego a las trabajadoras del ámbito rural, puesto que la división territorial, alcaldes, gobernadores, dirigentes, constituyen una élite formada, de manera prácticamente exclusiva, por varones.

5. La falta de colectivización de los avances. El mejor procedimiento para poder constituirse en interlocutoras de las distintas autoridades públicas, es pasar de lo individual a lo colectivo, porque la propia naturaleza de la actividad agrícola resulta propensa a desarrollarse en clave de pequeñas o grandes propiedades de terreno, pero en todo caso, sin una interconexión entre ellas, excepto si se comparte un producto, o servicio que vender al mercado. Las mujeres rurales deben unirse en torno no solo al producto final, sino a las condiciones de vida que comparten para alcanzar mayor calidad de vida. Es urgente asociarse en el caso de las mujeres rurales.

Pero más urgente es que los poderes públicos incluyan en su agenda política el medio rural, cada vez más expuesto a un mercado globalizado, donde los derechos humanos corren el riesgo de convertirse en un capítulo de gasto, y no en el indicador democrático de un gobierno.