Creada en 1928, la CIM fue el primer organismo intergubernamental establecido para garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Desde entonces se ha convertido en el principal foro de las Américas para el debate y la formulación de políticas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

A lo largo de sus noventa años de existencia, la Comisión se ha dedicado a trabajar para garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en las Américas. Después del de Europa del Oeste, el marco legal y de políticas de nuestra región en torno a estos temas es el más sólido del mundo. Los gobiernos del hemisferio han adoptado acuerdos legalmente vinculantes y declaraciones políticas de compromiso con respecto a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, todos los cuales se han convertido en un sólido marco legal y normativo para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y castigar la discriminación y la violencia de género arraigados en las Américas. No obstante, siguen existiendo brechas entre el marco normativo y legal y la práctica en la implementación real de los derechos humanos y la igualdad de las mujeres.

Más recientemente, con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, los países se comprometieron a lograr la igualdad de género y a empoderar a todas las mujeres y las niñas (Objetivo de Desarrollo Sostenible n.^o 5). Dicho compromiso incluye varios propósitos que cabe destacar en el contexto actual: emprender reformas encaminadas a ofrecer a las mujeres iguales derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad de la tierra y el control sobre ella y otros tipos de bienes, servicios financieros, sucesión y recursos naturales; reconocer y valorar las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas mediante la provisión de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida en el ámbito doméstico y familiar; asegurar la participación plena y eficaz y la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones en la vida política, económica y pública; y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en los planos público y privado, incluidos el tráfico y la explotación sexual y otros tipos de explotación de las mujeres en las zonas rurales.

Las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, lo que significa igualdad en términos de los derechos de sucesión, la posibilidad de poseer tierras, ganado y otros recursos económicos, y el acceso igualitario a la capacitación en agricultura y otras áreas útiles en su entorno; además, deben conocer muy bien el manejo de los recursos naturales, en especial del agua, y formas y medios para evitar o al menos reducir el impacto del cambio climático. Asimismo, deben tener el derecho a recibir educación y acceso a nuevas tecnologías, a conocer sus derechos y cómo defenderlos, a vivir sin violencia y sin miedo y a contribuir al bienestar de sus familias y comunidades.

En el análisis de la situación de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género resulta imperativo considerar la interseccionalidad de otras dimensiones de la discriminación como la edad, la raza, las discapacidades y la condición de migrante o desplazada y de habitante de las zonas rurales, entre otras. La discriminación y la falta de acceso a derechos se ven agravadas por estas situaciones especiales de vulnerabilidad, que perpetúan su carencia de acceso a derechos e igualdad de trato y, en última instancia, prolongan su situación de pobreza. Se debe tener en cuenta la interseccionalidad, a fin de alcanzar la igualdad de género.

En el caso concreto de las mujeres rurales, de acuerdo con estadísticas de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, aunque trabajan todos los días, en América Latina el 40 % de las mujeres rurales mayores de quince años carece de ingresos propios. Sin recibir retribución económica alguna, su contribución a la economía asistencial ha sido de vital importancia para la productividad y la subsistencia diaria de los hogares rurales. Además, según la FAO, las mujeres rurales de la región solo poseen una parte de la tierra, el crédito, los insumos productivos y la educación que los hombres tienen.

En el Informe sobre la brecha global de género 2017¹ del Foro Económico Mundial (FEM) se reconoce que las diferencias entre las mujeres y los hombres en cuanto a su participación en la vida económica y su empoderamiento político siguen siendo considerables, ya que solo el 58 % de la brecha de participación económica se ha cerrado; además, se estima que con el ritmo actual de avance, la brecha global de género en América Latina y el Caribe (LAC) se podrá cerrar hasta dentro de 79 años.

Subsanar estas diferencias persistentes en materia de género es fundamental no solo para garantizar la protección plena de los derechos humanos de las mujeres, sino también para avanzar en el desarrollo económico y social de nuestra región. En el Informe sobre la brecha global de género 2017 también se subraya que, de acuerdo con diversos modelos y estudios empíricos, mejorar la paridad de género puede generar importantes beneficios económicos, y que las compensaciones justas a las capacidades y la disponibilidad de acervos más ricos de talento se ven afectadas por los prejuicios de género, lo que supone pérdidas mayores en cuanto a los beneficios de la diversidad en la economía asistencial y el sector tecnológico emergente.

Las contribuciones de las mujeres rurales a las ventajas económicas, ambientales y sociales para el desarrollo sostenible revisten gran importancia para la sociedad y sus comunidades. Sin embargo, ellas enfrentan enormes desafíos para acceder a servicios básicos como asistencia médica, educación, crédito y otras oportunidades de crecimiento personal y económico. En este sentido, su empoderamiento se vuelve esencial no solo para su bienestar y el de sus comunidades, sino también para el crecimiento económico y la productividad de sus países.

Lo anterior destaca la relevancia del empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales. Las políticas y los programas públicos dirigidos a brindarles acceso a la educación y a capacitación especializada deben ser una prioridad en nuestra región. Asimismo, estos deben fomentar la corresponsabilidad de la reproducción social, que incluye el cuidado, entre las mujeres, los hombres, el Estado y el sector privado. No basta con proporcionarles acceso a la educación y a capacitación especializada para empoderarlas e integrarlas en la economía formal, con todos los beneficios que ello supone, si no se aborda la redistribución de los roles y las responsabilidades tradicionales del hogar. A medida que los hombres participan más en las tareas del hogar y el cuidado de las personas dependientes, las mujeres tienen mayores oportunidades para aumentar su participación en la economía productiva y sus ganancias y para realizar mayores contribuciones a la economía del hogar y a la economía en general.

Además de brindar oportunidades a las mujeres rurales para que tomen parte en la economía formal, en la región se deben implementar políticas públicas que, desde una perspectiva de género y derechos, brinden apoyo integral y protección social a aquellas que participan en actividades económicas en el sector informal o que realizan trabajo no remunerado en su casa o comunidad. En las Américas todavía se enfrenta el desafío de incorporar un enfoque basado en los derechos y los derechos económicos, sociales y culturales, establecidos en el marco legal de la región, en sus sistemas de protección social, mediante sólidas políticas públicas dirigidas a facilitar la implementación del marco legal.

En términos de su empoderamiento y liderazgo políticos, las mujeres de las Américas hacen frente a grandes obstáculos para poder ejercer sus derechos, lo que se exacerba en el ámbito local y en las zonas rurales, donde su participación en la política es aún más limitada que en el plano nacional. Algunos patrones culturales patriarcales que persisten perpetúan la discriminación y las desigualdades de las que son objeto las mujeres, especialmente las rurales, las indígenas y las afrodescendientes. Básicamente, su participación en la política es crucial para tener democracias inclusivas, capaces de representar una pluralidad de intereses y demandas. Superar la exclusión de las mujeres de la vida política y de puestos particulares de liderazgo, representación y formulación de políticas es uno de los retos esenciales que enfrentan su empoderamiento y los sistemas democráticos de las Américas.

La trascendencia del empoderamiento de las mujeres en la esfera política ha sido reconocida en la región. La CIM trabaja actualmente en apoyo al ejercicio pleno de la ciudadanía política de las mujeres y la paridad en la representación política, como condiciones esenciales de la gobernanza y una democracia de los ciudadanos de los países de las Américas. A fin de cumplir este objetivo, la Comisión realiza actividades dirigidas a sensibilizar a los líderes políticos con respecto a los impactos de las desigualdades de género en el contexto político, los derechos políticos de las mujeres y la paridad de género, así como a fortalecer la capacidad institucional de las autoridades políticas y electorales de la región para mitigar la violencia política y el acoso contra las mujeres. Como se mencionó antes, se debe tener en cuenta la interseccionalidad a medida que se avanza hacia la participación política plena de las mujeres. El trabajo con las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes sigue siendo una prioridad para la CIM en su compromiso de fortalecer su participación, liderazgo y empoderamiento político.

Adicionalmente, uno de los pilares de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030² de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es la “participación popular y ciudadana: democratización de la política y las sociedades”, que se refiere a la contribución de las mujeres, en toda su diversidad, al diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas en los ámbitos nacional e internacional.

En el contexto del trabajo de la CIM en torno a la implementación eficaz de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), se está abordando la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. A través del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), se analiza el avance en la implementación de la Convención por los Estados parte y los desafíos persistentes a los que hace frente el Estado para dar una respuesta eficaz a dicha violencia.

El Tercer informe hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará³, aprobado recientemente, incluye recomendaciones concretas para considerar la interseccionalidad de las diferentes dimensiones de la discriminación, incluida la relativa a las mujeres rurales. Algunas de estas recomendaciones instan a los Estados a (1) aprobar la legislación y a diseñar y poner en marcha políticas públicas dirigidas a prevenir y erradicar conductas y prácticas culturales o discriminatorias basadas en la subordinación o la inferioridad de las mujeres y las niñas; (2) adaptar el aparato estatal, que debe tener en cuenta las necesidades especiales y los obstáculos que enfrentan los grupos de mujeres y niñas con mayor vulnerabilidad a la violencia para acceder a la justicia (incluidas las que habitan en las zonas rurales en situaciones de pobreza y exclusión, con barreras de idioma, etc.); (3) y asignar presupuestos significativos que permitan llevar a cabo campañas, acciones y programas nacionales masivos para la prevención de la violencia contra las mujeres, a fin de dar cabal cumplimiento a la obligación de debida diligencia para garantizar una vida libre de violencia. El MESECVI reconoce la importancia de invertir en la prevención de la violencia contra las mujeres no solo para asegurar el ejercicio de sus derechos, sino también para contribuir a reducir los costos que implican la asistencia y la sanción cuando se presenta este tipo de violencia (salud, servicios especializados, causas en los tribunales, reparación de derechos).

En relación con el Día Internacional de la Mujer Rural, debemos reconocer las brechas considerables que perduran entre las mujeres de las zonas rurales y las de las zonas urbanas y aplicar las medidas necesarias para eliminarlas en el menor plazo posible. Esta será la única manera de honrar en su totalidad nuestro compromiso con la igualdad de derechos y de género.

Por medio de la Carta Democrática Interamericana, los Estados Miembros de la OEA reconocieron que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”. Asimismo, admitieron que la eliminación de toda forma de discriminación y el respeto a la diversidad en las Américas contribuye al fortalecimiento de la democracia. La fortaleza de nuestras instituciones democráticas depende de la inclusión, la diversidad y la pluralidad de la participación de sus ciudadanos. El valor del rol que desempeñan las mujeres rurales en nuestras sociedades, su contribución a la economía, su empoderamiento y liderazgo, el respeto por sus derechos humanos y su igualdad de acceso a oportunidades y servicios contribuirán aún más a la consolidación de nuestras democracias y prácticas democráticas. Las políticas públicas promulgadas por los países de las Américas deben abordar las brechas que se mantienen y brindar las oportunidades, los servicios y el acceso que las mujeres rurales requieren para desarrollar al máximo su potencial y contribuir en mayor medida a nuestras comunidades y sociedades en general.