La lucha de la mujer por su participación, en igualdad con los varones, en la sociedad, es una lucha que lleva décadas pero que hoy tiene una potencia arrasadora, un peso sin precedentes en todo el mundo. En Argentina vivimos un momento histórico, en el que la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda política y, sobre todo, social. Lo que antes era un tema discutido entre expertas, hoy forma parte de los diálogos y conversaciones cotidianas, en la mesa familiar, en las escuelas, en el campo y en las ciudades. Porque hablar de género es mucho más que hablar de violencia, es hablar en definitiva de derechos humanos.

Sabemos que un país próspero requiere de una sociedad igualitaria. Tal como supo plantear Kofi Annan, “la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una precondición para lograr el desafío de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y construir buena gobernanza”.

En este proceso de transformación social y cultural el Estado cumple un rol fundamental, no solo al articular las nuevas demandas sociales, sino también como promotor proactivo de políticas públicas que tiendan a garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan los mismos derechos y puedan ejercer plenamente sus autonomías.

Que debatamos hoy problemáticas sociales históricas fortalece nuestra democracia y nuestras instituciones. De hecho, desde el inicio de nuestra gestión el Presidente ha asumido, liderado y promovido la igualdad de género. Tenemos la responsabilidad, desde el Estado y desde toda la sociedad, de reflexionar y de generar cambios que contribuyan a cerrar brechas históricas de desigualdad y garantizar un país con verdadera equidad donde cada una pueda elegir con libertad.

En Argentina, la mitad de la población son mujeres y el 40 % de ellas son jefas de hogar. 1 772 107 de mujeres vive en el ámbito rural. Sin embargo, la desigualdad de género se evidencia en diversas dimensiones:

El trabajo no remunerado es tarea casi exclusiva de las mujeres: Las mujeres dedican casi el doble de horas que los varones al trabajo doméstico y de cuidados. En el trabajo, las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los varones: Las mujeres cobran un 23,5 % menos que los hombres por el mismo trabajo. Los hombres ocupan el 68,8 % de los cargos de dirección en el ámbito privado, mientras que las mujeres un 31,2 %. Las mujeres no tienen garantizada su integridad física: Durante 2017, 251 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres y entre 2008 y 2017, 3378 hijos e hijas se quedaron sin madre, de los cuales 2161 (más del 66 %) son menores de 18 años. El ámbito de la toma de decisiones es preminentemente masculino: De 24 gobernadores, 4 son mujeres; 1 jueza es mujer de los 5 que integran la Corte Suprema de Justicia; el 9,4 % de los intendentes son mujeres; el 37,5 % de las bancas en el Senado las ocupan mujeres; y el 35,6 % de las bancas en Diputados las ocupan mujeres.

Las problemáticas actuales de la mujer rural ponen al descubierto las deudas históricas que tenemos como gobierno, sociedad civil y sector empresario, no solo en materia de autonomía económica sino también en torno a la superación de la pobreza de las mujeres, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, la desigualdad salarial, la discriminación en el mercado laboral y los déficits de protección social.

Las mujeres rurales hacen visibles las múltiples dimensiones de la desigualdad de género. Si bien representan un tercio de la población mundial y son responsables por la mitad de la producción mundial de alimentos, durante mucho tiempo estuvieron invisibilizadas desde las políticas públicas.

En términos de igualdad económica, las mujeres rurales tienen menor acceso a los recursos productivos y a los medios de producción que sus pares varones. Además, se encuentran más expuestas a la pobreza y al aislamiento que las mujeres urbanas, ya que tienen menores posibilidades de acceso a servicios sociales y culturales y a una mejor infraestructura.

Además, al igual que en las ciudades, las mujeres rurales son responsables del trabajo no remunerado, que tiende a no ser reconocido. El trabajo doméstico en el campo implica más tiempo y más esfuerzo al involucrar tareas más arduas y complejas que en la ciudad. Si consideramos la igualdad de género en la toma de decisiones y la participación ciudadana, las mujeres rurales tienen mayores dificultades para asistir a los espacios de decisión públicos y, por ende, para opinar y tomar decisiones en dichos ámbitos.

Finalmente, las mujeres rurales se encuentran atravesadas por la violencia de género al igual que las mujeres urbanas, aunque los servicios y dispositivos de asistencia integral suelen concentrarse en lugares de mayor densidad poblacional. Las mujeres rurales pueden ser más vulnerables a esta problemática si se dificulta el acceso a servicios de asistencia y a la justicia.

Esta realidad nos interpela, e impone la necesidad de impulsar una política integral y coordinada tendiente a eliminar las desigualdades de género y fomentar una sociedad equitativa. Es por ello que estamos avanzando en acciones y estrategias concretas que institucionalizan este proceso.

Con el objetivo de jerarquizar y transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas y promover el empoderamiento de las mujeres, en 2017 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que da continuidad a las funciones del Consejo Nacional de las Mujeres, que funcionó entre 1992 y 2017. El INAM se crea como ente descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social y con rango de Secretaría de Estado.

En la actualidad contamos con estadísticas oficiales. En una iniciativa conjunta entre el Instituto de Estadistas y Censos (INDEC) y el INAM, junto a la participación de todos los organismos que brindan asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, se creó y publicó un Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres que abarca los años 2013 a 2017, revirtiendo así la ausencia histórica de información que invisibilizaba la problemática.

Hemos impulsando el primer Plan Nacional de Igualdad, a través del cual 36 organismos han elaborado en forma conjunta un total de 200 compromisos que incluyen metas, indicadores y plazos. De este modo, nuestro país da cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas al adherir a la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, a las recomendaciones emanadas de organismos como el Comité CEDAW, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Plan Nacional de Igualdad es más que una hoja de ruta, constituye un plan de acción para lograr la equidad entre géneros en la Argentina. Se trata de la primera vez que en nuestro país el Poder Ejecutivo impulsa el compromiso en materia de igualdad de género, en forma articulada, estratégica e integral. Asimismo, el Plan será monitoreado de manera centralizada por un organismo independiente, en virtud de la importancia que tiene no solo para nuestro gobierno sino para toda la sociedad.

En el ámbito del trabajo, la existente brecha salarial es una deuda pendiente. En muchos casos, lo que una mujer gana en un año, un varón que realiza las mismas tareas lo gana en 8 meses. Además, en materia de altos cargos, generalmente hay mayor presencia masculina. En términos generales, en nuestro país, las mujeres presentan mayores tasas de desempleo, vínculos más inestables con el trabajo remunerado y salarios inferiores. Además existe un alto porcentaje de mujeres que sufrieron acoso laboral. Fueron sus jefes, compañeros o clientes. Esta realidad generalmente está atada a la tradicional creencia de que la fuerza de trabajo femenina es secundaria, porque presenta una alta inestabilidad, carece de capacitación y está limitada por la maternidad. Es decir, se adjudican perfiles laborales estereotipados que concuerdan con los roles históricamente asignados a cada género.

Es por ello que desde el Ejecutivo se envió al Congreso Nacional un Proyecto de Ley que busca garantizar la equidad de salario y oportunidades en todos los aspectos de la vida laboral, y prohibir cualquier tipo de discriminación por género o estado civil. El proyecto propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que acompañan a mujeres víctimas de género y dan más flexibilidad a las madres y los padres para cuidar a sus hijos, establece licencias por violencia de género, amplía las licencias por maternidad y paternidad, por procedimientos de fertilización asistida y adopción, y habilita la posibilidad de reducciones temporarias de jornada laboral con una remuneración proporcional para madres y padres.

Además, estamos promoviendo la Iniciativa de Paridad de Género en Argentina que forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas en los países de la región por una alianza entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial para reducir las brechas de género en el plano económico. La iniciativa tiene como objetivo aumentar la participación de mujeres en la economía, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y promover la participación de mujeres en puestos de liderazgo.

En 2018, nuestro país ha liderado el Women 20 (W20), un grupo de afinidad del G20 conformado por una red transnacional de mujeres líderes, que busca influenciar en los grupos de decisión para que lleven adelante políticas con equidad de género. El capítulo argentino de W20 apoya el crecimiento económico con inclusión de género a través de cuatro ejes: laboral, digital, financiero y rural. Además, tiene por objetivo transversalizar la perspectiva de género en todos los grupos de afinidad del G20.

Históricamente, las mujeres han jugado un rol central en la reproducción, cuidado y crianza de los niños. Por eso, las dificultades que ellas enfrentan y su falta de empoderamiento tienen un impacto directo y negativo en el desarrollo de los niños. Hay una probada correlación entre el bienestar y empoderamiento de las madres y el desarrollo positivo de sus hijos. Para muchas mujeres, la única forma de combinar el cuidado de sus hijos con la generación de ingresos es insertarse de manera informal en la economía con ingresos inestables, frente a los cuales la posibilidad de acceder a un espacio de cuidado para sus hijos es muy difícil. Esta situación se recrudece para las mujeres rurales, que tienen menor disponibilidad de acceso a estos servicios.

Es por ello, que hemos puesto en marcha el Plan Nacional de Primera Infancia. Uno de sus componentes son los Espacios de Primera Infancia, donde los niños y niñas reciben cuidado desde un abordaje integral (asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, prevención y promoción de la salud). Actualmente, se está fortaleciendo la apertura de estos Espacios en ámbitos rurales de nuestro país, para igualar oportunidades de acceso. El Programa Nacional Primeros Años se orienta al fortalecimiento de las capacidades de crianza de familias con niños y niñas de 0 a 4 años en situación pobreza. El programa trabaja en todo el país, y genera resultados en el apoyo a la crianza en comunidades rurales de Pueblos Originarios. Como parte de esta iniciativa, se elaboraron materiales en lenguaje Pilagá, Wichi y Quom para fortalecer las prácticas de crianza.

Por otro lado, y en materia de acceso a la salud integral, implementamos el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. El mismo incorpora la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres transversalmente en los distintos objetivos y líneas de acción. Esto es aún más relevante para las jóvenes rurales, quienes tienen más dificultades para acceder no solo a los métodos anticonceptivos, sino a la información que necesitan para ejercer su sexualidad de manera responsable y autónoma.

En Argentina hemos avanzado en torno a la ampliación de los programas de ingreso a la niñez. En este sentido, se han incorporado a los hijos e hijas de los trabajadores independientes (monotributistas) y temporarios, ligados principalmente a actividades rurales. Cabe destacar que este tipo de programa potencia el empoderamiento de las mujeres, ya que la titularidad de la prestación es mayoritariamente de ellas y, por ende, ejercen un mayor grado de autonomía en las decisiones del hogar.

A partir del Relevamiento Nacional de Barrios Populares, miles de familias que viven en asentamientos vulnerables pueden acceder a un certificado de vivienda familiar que les permite acreditar su domicilio ante cualquier autoridad. En este proceso histórico, las mujeres son protagonistas, representando el 58% de las responsables de viviendas.

Las mujeres representan más del 70 % de las titulares de programas sociales, y se promueve activamente su acompañamiento con el objetivo de fomentar su autonomía y empoderamiento. Asimismo, se fortalecen emprendimientos productivos, y su comercialización, liderados por mujeres en comunidades rurales vulnerables, que promueven el desarrollo local y los principios de comercio justo.

El Programa Pro-Huerta desarrolla acciones destinadas a las mujeres para la autoproducción de alimentos y comercialización de excedentes a través de huertas y granjas. Otra línea de acción promueve proyectos vinculados al acceso al agua a través de la captación de agua de lluvia a través de cisternas, vertientes y manantiales. Esta política tiene una implicancia significativa para las mujeres rurales, quienes son tradicionalmente las encargadas de proveer el agua que, en muchos casos, tienen que caminar kilómetros para hacerlo.

Por último, otro de los componentes de la agenda de género que se viene desarrollando en Argentina tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por primera vez en nuestro país, se puso en marcha un Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres que cuenta con dos líneas de actuación: por un lado, la prevención y educación en igualdad, por el otro, la atención integral de las mujeres en situación de violencia de género. El mismo expresa con claridad la decisión y voluntad del Gobierno de asumir como política de Estado el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia.

Además, nos hemos comprometido con familiares de mujeres muertas víctimas de la violencia, con pasos concretos contra este flagelo, la Ley Brisa reconoce una prestación económica mensual a los hijos de las víctimas de femicidios. La violencia de género deja cientos de niños y niñas sin madre, promover políticas de educación de igualdad y acompañarlos es nuestra prioridad.

El desafío de una sociedad sin desigualdad nos tiene que comprometer a todos. Junto con los cambios y avances protagonizados por las mujeres, es necesaria la participación e implicación de los varones. La incorporación de estos en la práctica de la igualdad es un proceso del que depende en gran medida el desarrollo de una sociedad democrática. Debemos pensarnos desde la complementariedad, lo cual implica abandonar lo masculino y lo femenino como binomio ordenador, como asignador de roles y marcador de barreras y tareas. Lo femenino y lo masculino como roles preestablecidos limitan los sueños, proyectos e inquietudes. Esto no supone negar las diferencias, sino adquirir la igualdad como principio jurídico, ético y político.

La igualdad de género es un desafío que me interpela todos los días. En mi rol de Ministra, en brindar las herramientas y el acompañamiento necesario para que cada mujer pueda desarrollarse, empoderarse, decidir en libertad y desplegar todo su potencial en su proyecto de vida. En mi propia experiencia, en contacto día a día con mujeres, he sido testigo del capital transformador que tienen todas las mujeres, desde aquellas que desde el ámbito rural son sostén de sus familias, o las que construyen espacios de primera infancia para sus niños y para que otras madres puedan salir a trabajar sabiendo que sus hijos están bien cuidados, hasta aquellas que generan emprendimientos productivos, en los que a partir de una idea se gesta un proceso que da vida a toda una comunidad. La igualdad de género también me desafía en mi rol de madre, en educar a mis hijos varones desde la igualdad.

Abrir la puerta a todo el potencial de las mujeres y las niñas tiene un efecto multiplicador, que no solo nos beneficia a nosotras, sino a la sociedad en su conjunto. Por eso, esta lucha no puede ser únicamente de las mujeres, tiene que ser una bandera de toda la sociedad.