Retos y oportunidades de las mujeres rurales en México
La magnitud del rezago en las regiones indígenas es indignante
Existen en México, de acuerdo con el Censo 2010, 28.1 millones de hogares censales. Las localidades rurales registran 6.1 millones de hogares, los cuales representan el 21.9 % del total y en ellos residen 25.8 millones de personas: la cuarta parte de la población total del país. Estos datos contrastan con los del año 1950, en los que la población rural significaba el 57.40 % de la población total, con 14.8 millones de habitantes.
Con relación a la población indígena, en 2010 eran 6 695 228 personas, de las cuales 3 407 389 (50.9 %) eran mujeres y 3 287 839 (49.1 %) hombres. En términos absolutos, esa población registró un incremento de 1 412 881 personas respecto a 1990, habiendo crecido en esos 20 años a una tasa promedio anual de 2.2 %.
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza en México, realizada en 2012 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 45.5 % de la población mexicana vive en condiciones de pobreza multidimensional, de los cuales 27.6 millones son mujeres, de ellas 8.5 millones habitan en zonas rurales.
Seis de cada 10 mujeres rurales (62.1 %) se encuentran en situación de pobreza; más de 3 millones son pobres extremas y 5.5 millones pobres moderadas.
Seis de cada 10 mujeres rurales (62.1 %) se encuentran en situación de pobreza; más de 3 millones son pobres extremas y 5.5 millones pobres moderadas. La pobreza extrema en la población femenina es una situación mayormente presente en el ámbito rural, pues en este ámbito 35.2 % de las mujeres pobres multidimensionales está en pobreza extrema, mientras en su contraparte urbana, solo 15 de cada 100 mujeres pobres multidimensionales están en pobreza extrema.
Otro de los aspectos relevantes en la medición multidimensional de la pobreza en México es la vulnerabilidad por carencias sociales, la cual es definida por el CONEVAL como la falta de acceso de la población a beneficios como educación, salud, seguridad social, infraestructura de la vivienda, servicios básicos y alimentación.
Debe destacarse, además, que nueve de cada 10 mujeres de localidades rurales tiene por lo menos una carencia social y casi la mitad (46.9 %) tiene al menos tres carencias. Entre estas destacan la carencia por acceso a seguridad social (81.2 %), la carencia por servicios básicos en la vivienda (57.4 %) y la carencia por acceso a la alimentación, 31.1 %. Todos son porcentajes muy superiores en el ámbito rural con referencia al urbano (INEGI 2014).
La magnitud del rezago en las regiones indígenas es indignante y representa sin duda, la deuda más grande del Estado mexicano.
De acuerdo con el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en las zonas indígenas no hay ni 0.1 % de médicos por cada mil habitantes, mientras la media nacional es de 1.38. Se podrían seguir enumerando las carencias en términos de vivienda digna, acceso a servicios de luz, agua, caminos y más, siendo paradójico que en sus territorios se albergue la mayor riqueza de recursos naturales, y gran parte de la invaluable riqueza cultural y la cosmovisión que vemos reflejada en las bellas artesanías que nos dan identidad.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas de 1997, en el grupo de 15 años y más el 37 % de la población de lengua indígena no tenía instrucción alguna, siendo las mujeres las más afectadas, en tanto que el 45.8 % de ellas no había recibido instrucción educativa. En el caso de los hombres, también grave, 28 % se encontraba en esa condición.
El reto se agudiza y la atención gubernamental para esta población se complica, dada la gran dispersión de más de 40 000 localidades, de las cuales casi 14 mil tienen entre 100 y 1 500 habitantes
Las mujeres rurales e indígenas son agentes económicos y sociales cuyas capacidades, competencia, contribución y derechos obligan a adecuar las políticas de desarrollo con una perspectiva y visión equitativa de género, que les conceda mayores y mejores espacios de participación y desarrollo.
Es ineludible, ante esta desigualdad social, identificar el rol y el aporte de las mujeres rurales para valorarlas y desplegar una intensa labor de sensibilización de la sociedad y de los responsables de la formulación y ejecución de la política pública del sector y del país en general. Las mujeres rurales e indígenas son agentes económicos y sociales cuyas capacidades, competencia, contribución y derechos obligan a adecuar las políticas de desarrollo con una perspectiva y visión equitativa de género, que les conceda mayores y mejores espacios de participación y desarrollo.
Las insuficiencias de información no solo se han evidenciado como restricciones en el análisis de los fenómenos relacionados con la mujer, sino también como limitantes para la consolidación de la conciencia social que debe prevalecer sobre los problemas que enfrentan las mujeres rurales e indígenas y la muy urgente necesidad de resolverlos. Las soluciones deben darse teniendo como base la propia movilización de la energía social de este sector del campo mexicano, bajo la visión de un Estado facilitador de un modelo de desarrollo alternativo, con políticas públicas capaces de enfrentar con sensibilidad y capacidad el reto que representa el rezago que guarda nuestro México Rural.
La generación de capacidades de la población rural se viabiliza a través del fomento y apoyo al funcionamiento de estructuras organizativas que permitan la interacción de mujeres y hombres a niveles microrregionales, desarrollando su capacidad de sumarse e incidir en niveles de intervención y decisión mixtos.
Esto nos lleva al reconocimiento de que el ámbito de acción y movilización de las mujeres rurales es territorial y que por lo tanto, el ámbito de planificación y gestión debe ser el territorial.
Agregaríamos que el campo mexicano debe ocupar un lugar prioritario como generador de alimentos frente a una crisis alimentaria que se incrementa; frente a la necesidad de contar con los recursos naturales y servicios ambientales que dan vida al desarrollo; frente al combate a la inseguridad y el deterioro de nuestro tejido social que tiene refugio en muchas de las zonas rurales; frente a la necesidad de construir en el medio rural territorios que representen oportunidad y calidad de vida, y no puntos de expulsión del potencial humano que migra al norte o a los cinturones de miseria de las ciudades, hundiéndose muchas veces en peores círculos de marginalidad y en la tan mencionada “tarea pendiente” con los pueblos indígenas. En todos y cada uno de estos elementos, indiscutiblemente, las mujeres juegan un rol determinante, pero poco valorado.
Una visión territorial del desarrollo de nuestro México Rural y por ende nuestro país, abre desde su planteamiento de diversificación y aglomeración productiva, grandes y promisorias posibilidades en términos de equidad de género.
Una visión territorial del desarrollo de nuestro México Rural y por ende nuestro país, abre desde su planteamiento de diversificación y aglomeración productiva, grandes y promisorias posibilidades en términos de equidad de género, porque replantea la jerarquía productiva tradicional existente en el agro y fuera de este. El fortalecimiento de la participación de las mujeres en el ámbito territorial representa un estímulo fundamental para la acción y sobre todo, para la elevación de la autoestima y la asociación y solidaridad que les permita transitar de agentes pasivas hacia iniciativas de movilización como fuerza para impulsar cambios en su posición y condición.
Aspectos críticos que afectan las estrategias
Podríamos resumir de la siguiente forma algunos aspectos críticos que afectan el diseño de estrategias adecuadas para las mujeres rurales en México:
a) La falta de visión y conceptualización de lo territorial para la participación de las mujeres.
b) La insuficiente asignación presupuestal para invertir en formación seria, en el entendimiento de lo que implica la inclusión y el desarrollo con perspectiva de género en las acciones con hombres y mujeres, no solo con las mujeres.
c) El incipiente desarrollo de metodologías focalizadas y adecuadas que faciliten la participación y fortalecimiento de capacidades.
d) La falta de articulación de componentes indisolubles de capacitación, inversión productiva, desarrollo humano y fortalecimiento de las capacidades propias, para que a partir de ellas se incorporen otros elementos que garanticen una verdadera integralidad y articulación productiva, social y política.
e) El poco y/o desacertado fomento a la organización de las mujeres y el temor a la transferencia de poder a las mismas.
f) La inevitable sujeción a los procesos y tiempos burocráticos que no solo provocan pérdida de tiempo por el retraso de sus normativas sino también la incompatibilidad o complementariedad de los programas y políticas entre las diversas instituciones; es decir, una imposibilidad de articulación y coordinación inter e intra institucional.
g) La falta de análisis y evaluación de resultados de las políticas públicas dirigidas a mujeres.
h) El paternalismo y/o el manejo clientelar de los programas, no únicamente de la parte institucional sino de organizaciones que dicen representar a las mujeres rurales.
i) La falta de entendimiento y adecuación de políticas ante la diversidad de la sociedad rural y de las propias mujeres rurales, de manera particular en los pueblos indígenas.
Muy importante es destacar el tema de la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos naturales junto a la cultura de cuidado del medio ambiente y el desarrollo de capacidades para la separación y aprovechamiento de residuos considerados como “basura”, mostrándonos una cara más de la pobreza existente, altamente depredadora y dañina de los territorios rurales. Las políticas dirigidas a impulsar este tipo de articulación para la cohesión territorial, requieren de una visión de género que posibilite el fomento a prácticas de conservación y aprovechamiento racional e integral de los recursos existentes, la rentabilidad social, la equidad de oportunidades, procesos de democratización de las instituciones y entendimiento del buen vivir frente a visiones consumistas depredadoras muy dañinas.
El desarrollo territorial requiere que el Estado sea socio de los procesos territoriales, y por lo tanto respetuoso de los mismos y efectivo en el cumplimiento de sus funciones propias como Estado, en provisión de servicios, regulación de la economía y fortalecimiento de la cultura democrática.
La aplicación del enfoque territorial debe basarse en que la inversión para la igualdad de oportunidades es un principio y una prioridad comunitaria, y un factor estratégico de ciudadanía activa que refuerza el valor de la democracia.
En este sentido, la aplicación del enfoque territorial debe basarse en que la inversión para la igualdad de oportunidades es un principio y una prioridad comunitaria, y un factor estratégico de ciudadanía activa que refuerza el valor de la democracia.
Requerimos impulsar la integración territorial de las dimensiones económica, social y cultural. Esto significa aplicar una visión global a la multiplicidad de soluciones locales que se precisan en el medio rural: 1) Mejorar calidad de vida, 2) Incrementar el valor añadido de los productos locales, 3) Revalorar y potenciar el cuidado y aprovechamiento de los recursos locales y poner en el centro el cuidado del medio ambiente y de los ecosistemas existentes, 4) Aprovechar los nuevos conocimientos y tecnologías innovadoras para la diversificación y la pluriactividad, 5) Facilitar e impulsar procesos de participación representativa de los diversos sectores de la sociedad; y 6) Desarrollar una tarea incansable en aspectos de capacitación y formación no formal para la inserción laboral productiva y social que revolucione los procesos de marginalidad recurrentes.
Requerimientos para la igualdad de oportunidades
Algunos de los requerimientos para la igualdad de oportunidades que pueden mencionarse son los siguientes:
Incremento de la presencia de mujeres rurales en los procesos de desarrollo, ya sea desde las estructuras de gobierno en los programas de desarrollo, como promotoras de proyectos o como beneficiarias finales de fondos.
Identificación y eliminación de las discriminaciones reales que sufren las mujeres rurales.
Adaptación de las condiciones de trabajo a las necesidades de las mujeres, la familia y la empresa.
Diversificar las opciones profesionales para las familias y las mujeres. Alentar su participación en profesiones emergentes.
Fomentar la formación-desarrollo como criterio para la adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades y habilidades de las mujeres rurales.
Formación de cuadros multiplicadores de procesos que puedan replicarse.
Recomendaciones
Tomando en cuenta todo lo anterior, se hacen las siguientes recomendaciones:
Generación de marcos de análisis y metodologías para la integración del género y el enfoque territorial.
Sistematización y difusión de experiencias y mejores prácticas y de casos concretos que evidencien su viabilidad y pertinencia.
Desarrollar metodologías para procesos de empoderamiento de las mujeres para su incidencia en las políticas y construcción de alternativas de desarrollo comunitario y revalorización del medio rural como opción y calidad de vida.
Medidas a tomar
Resulta necesario tomar medidas que conduzcan a lo siguiente:
a) Impulsar mecanismos de acceso a activos acordes con las necesidades de los actores y grupos sociales, incluyendo mecanismos de financiamiento sostenible y culturalmente adecuados, para el emprendimiento productivo generador de empleo e ingreso. b) Funcionamiento de instancias de encuentro y convergencia local de las mujeres, y de espacios mixtos de mujeres y hombres, para propiciar el intercambio de experiencias, la reflexión, capacitación, acompañamiento, seguimiento y evaluación de sus procesos de desarrollo y el fomento a su transición a esquemas asociativos y de cooperación más desarrollados que fortalezcan las iniciativas locales autogestivas para un desarrollo sustentable. c) La adaptación de las condiciones de trabajo a las necesidades de las mujeres con políticas de participación e interacción familiar para el fortalecimiento de las opciones de desarrollo y relaciones de las mujeres con los varones e hijos. d) El fortalecimiento de la autonomía de las mujeres empresarias, para contratar y controlar la asistencia técnica y capacitación. e) La permanente formación de capital humano y capital social. f) Fomento a la cultura de corresponsabilidad y sostenibilidad a través de esquemas de ahorro, capitalización, reinversión y fortalecimiento de la autonomía, entre otros.
La revalorización de las mujeres rurales y su aporte a nuestra sociedad está ligada, indiscutiblemente, a la necesidad de revalorización del medio rural por el Estado y la Sociedad.
Finalmente, la revalorización de las mujeres rurales y su aporte a nuestra sociedad está ligada, indiscutiblemente, a la necesidad de revalorización del medio rural por el Estado y la Sociedad; y a la urgente tarea de replantearnos un modelo diferente de desarrollo de México, bajo una visión de construcción comprometida con nuevas relaciones de solidaridad y vinculación entre los diversos sectores de la sociedad y con nuevas herramientas para sanar los dolores generados por la inequidad, la injusticia y hacer conciencia de la necesidad de un mundo armonioso y más amoroso.
La recuperación de saberes, valores, recursos naturales y humanos para un mejor aprovechamiento y potencialización de toda nuestra diversidad cultural y su biodiversidad para un desarrollo sustentable y armónico ya no pueden aplazarse y en esta tarea el papel de las mujeres es indispensable.
