Reflexionar sobre el marco inicial para la formulación de políticas públicas que convoquen a las mujeres rurales con el objeto de transformar sus condiciones de vida, por un lado implica realizar esfuerzos para definir o redefinir quiénes son las mujeres rurales y por otro cuáles son las nuevas dinámicas o estrategias de vida de ésas mujeres que habitan o provienen del campo.

Con base en el diagnostico localizado de quiénes son y qué hacen se podrán diseñar acciones de política pública que permitan atender de manera pertinente sus necesidades prácticas y sus intereses estratégicos. Tener un diagnóstico, datos y análisis sobre mujeres rurales se ha convertido en una buena herramienta para para visibilizar las brechas de las mujeres rurales con relación a mujeres urbanas y hombres rurales. Lastimosamente, sigue habiendo una falta general de datos, no solo desglosados por sexo, sino también por zonas rurales y urbanas. Esto tiene un impacto en nuestra capacidad para monitorear el progreso y diseñar políticas públicas apropiadas. Por tanto, es imperativo trabajar para reducir la discriminación estadística, porque los datos nos dan el poder de colaborar de una manera acertada en la mejora de calidad de vida de poblaciones vulnerables como lo son las mujeres rurales, debido a que somos conscientes que la pobreza esta feminizada, aún más en el sector rural.

Las políticas públicas deben estar basadas en los datos para así poder diseñar líneas de acción pertinentes que vayan enfocadas a superar las problemáticas específicas que en cada región enfrentan de las mujeres rurales. Uno de los grandes retos de la política pública es asegurar la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres rurales en ámbitos de la vida como la participación.

Comunitaria, política y cultural. Nobre y Hora (2017) explican que el acceso a la salud, educación, asistencia y seguridad social, a la propiedad de la tierra y al crédito son factores determinantes para que las mujeres puedan considerarse miembros de la comunidad y poderse desarrollar como ciudadanas.

¿Por qué son importantes las políticas públicas para mujeres rurales?
La respuesta se fundamenta en la relación estrecha entre la igualdad de género y el desarrollo, tal como lo expresa la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El desarrollo económico es el proceso mediante el cual una nación mejora el bienestar económico, político y social de su gente. Es así como, el desarrollo se concibe como el mejoramiento de las condiciones de vida por y para las personas de manera equitativa para hombres y mujeres.

Para el caso específico de las políticas públicas para mujeres rurales, estás llevan implícito adelantar procesos de transformación y cambio en las condiciones de vida de la sociedad rural (hombres y mujeres). La transformación de esa sociedad está sujeta a políticas externas a ella y a planes internos propuestos por las sociedades locales con el fin de utilizar los recursos internos y negociar recursos externos para este cambio en las condiciones de vida.

Solo a través de la política pública podemos diseñar un plan de acción para articular a todos los sectores encargados de fortalecer el campo de una manera que tenga enfoque de género, y por tanto que promueva a las mujeres. Si no se trabaja explícitamente a favor de las mujeres rurales nunca vamos a poder llegar a la igualdad, porque sabemos que mercado por sí solo no llega a un equilibrio de igualdad entre hombres y mujeres en el sector rural.

Debido a los condicionantes exigidos para la transformación de la sociedad rural, la planeación del desarrollo no debe realizarse solo en el sentido estricto de un proceso técnico, sino como un proceso político, donde el conflicto de intereses entre hombres y mujeres esté presente en la negociación y conduzca a un proceso de transformación social estructural y no a la obtención de soluciones puntuales y momentáneas de necesidades prácticas de hombres o mujeres.

La igualdad produce mejoras en la calidad de vida tanto en hombres como en mujeres. Verse como iguales reduce la presión social que tienen los hombres de ser los proveedores de la familia, los niveles de violencia que se les fomentan desde niños y les permite disfrutar su vida familiar en su totalidad. Al mismo tiempo, la igualdad permite que las mujeres puedan desarrollarse en diversas ocupaciones, empoderase económicamente, tener poder de negociación dentro del hogar para tomar decisiones a favor de la familia tales como mejoras en educación, nutrición y tener relaciones más igualitarias y menos violentas.

¿Quiénes son las mujeres rurales?
Para iniciar, es preciso señalar que el intento por definir quiénes son las mujeres rurales aun es un tema en debate y construcción, con una amplia gama de propuestas, todas muy válidas, sin embargo, a manera de enriquecer el análisis para precisar el campo de acción de las políticas públicas, presento algunas consideraciones que pueden limitar el alcance de las estrategias de política para éste grupo poblacional.

El primer intento, debe hacerse reconociendo que son un colectivo amplio con similitudes y diversidades. Esta diversidad puede expresarse, de una parte, por las actividades que desarrollan y de otra parte por las interrelaciones territoriales y culturales que las definen como tales.

¿Que saber sobre sus actividades?
Frente a las actividades que desarrollan la mayoría de definiciones las ubican bajo la premisa que su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada.

De esta consideración se desprende que son agricultoras, recolectoras, pescadoras, amas de casa, asalariadas en empresas rurales agrícolas, participantes incluso en actividades no agrícolas como agroindustrias y microempresas, además de otras actividades realizadas en el marco de una perspectiva más amplia de la ruralidad, como son las relacionadas con la integración a cadenas agroproductivas y comerciales en todas sus expresiones organizativas, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales y piedras preciosas y otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas (Congreso de la República de Colombia, 2002).

Por otra parte, es clave considerar que entre los elementos comunes que caracterizan la vida de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe se encuentra una sobrecarga de trabajo, debido a la división sexual del trabajo, que les atribuye el cuidado de hijos, ancianos y enfermos; la invisibilización del trabajo que realizan en el ámbito reproductivo, productivo y para el autoconsumo.

El trabajo productivo realizado por las mujeres rurales se considera como una ayuda en la casa y debe ser reconocido como un trabajo en sí mismo. El reto está en visibilizar el trabajo que las mujeres ya realizan, y los conocimientos a ellos asociados, además de ampliar sus posibilidades de elección sobre qué y cómo hacer y la apropiación de los resultados.

¿Dónde están ubicadas?
Frente a la interrelación territorial, es necesaria una mirada longitudinal, a lo largo del ciclo de vida de las mujeres y sus generaciones, hay etapas que migran a las ciudades o incluso a otros países, pero que no pierden el vínculo con el campo, por ejemplo, invirtiendo recursos monetarios en la unidad de producción donde esperan regresar cuando sea posible. Y a lo largo de generaciones, jóvenes hijas o nietas de agricultores que regresan o desean volver al campo.

Así también, las nuevas dinámicas de conformación de los territorios obligan a revisar la relación cada vez más estrecha e interdependiente entre lo rural con lo urbano, específicamente de los vínculos que se establecen por la ubicación de la vivienda, el lugar y la finalidad del trabajo.

Ejemplos concretos de éstas dinámicas son la conformación de territorios rur-urbanos y las prácticas de agricultura urbana. Los territorios rur-urbanos, son espacios cercanos a las ciudades con actividades agropecuarias de tipo industrial, con actividades terciarias como servicios de hospedaje, descanso y recreación, y con presencia de barrios o condominios con personas de origen urbano con niveles adquisitivos altos que valoran altamente las condiciones ambientales rurales y que llevan todos los servicios públicos que pueden disponer en una ciudad.

Por su parte, la agricultura urbana es una práctica que se ha originado a partir de la migración de población campesina hacia la ciudad por diferentes motivos, quienes llevan a las grandes urbes sus conocimientos de las actividades agrícolas. En la actualidad, esta práctica se encuentra ampliamente difundida entre la población, debido a la necesidad de producir alimentos sanos, mejorar la seguridad alimentaria y para el autoconsumo. Este método de producción se caracteriza por el uso de espacios reducidos y aprovechar simultáneamente materiales de re-uso y reciclaje disponibles en los hogares (Jardín Botánico de Medellín, 2013).

Importante considerar que estos nuevos diseños del territorio y prácticas de producción, con amplia participación de mujeres, con frecuencia quedan por fuera de los lineamientos de política pública; sin embargo, definen patrones culturales como la preservación de la cultura campesina en las ciudades y la incursión de hábitos de vida urbanos en el campo.

¿Qué les afecta?
Desde el análisis de su interacción social, las mujeres rurales para el caso colombiano, caso que se puede extrapolar a muchos países, han padecido históricamente una discriminación estructural, por ser rurales y por ser mujeres; en algunos casos confluye adicionalmente una tercera discriminación unida a su pertenencia a un grupo étnico y una cuarta por ser víctimas del conflicto armado, por lo cual es posible que enfrenten simultáneamente hasta una cuádruple discriminación (PNUD , 2011, pág. 15).

La primera discriminación está relacionada con su condición de ser habitante rural, situación que las afecta por igual con los hombres del campo. Existe una profunda brecha en temas de acceso a bienes y servicios sociales frente a las posibilidades de los habitantes de las zonas urbanas en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, electrificación, vías de comunicación, áreas de recreación, servicios de cuidado, disponibilidad de herramientas tecnológicas, acceso a la justicia, entre otros.

El hecho de ser mujeres constituye otro tipo de discriminación, el tratamiento histórico, cultural y socioeconómico que reciben, está en desventaja frente al de los hombres. Esto significa que hay mayores tasas de pobreza, limitadas formas de participación, ingresos muy inferiores, menores posibilidades de inserción al mercado laboral y al sistema educativo, barreras en el acceso a la justicia, reducidas oportunidades de participar en programas de adjudicación y formalización de tierras, en general, persisten condiciones que limitan su autonomía y la construcción de su ciudadanía. La brecha de género es aún más marcada en el campo que en las ciudades.

Un tercer escenario de discriminación está relacionado con características étnicas y raciales, un factor determinante en las condiciones de vida, oportunidades e inserción social a las esferas políticas, económicas y culturales de las mujeres afrodescendientes, indígenas y del pueblo Rrom. Finalmente se suma el hecho de que ciertos fenómenos violentos, como el desplazamiento forzado, la violencia sexual y el reclutamiento, tienen sobre las mujeres rurales un impacto diferenciado y desproporcionado.

No olvidemos a las jóvenes
Según la FAO (2017) entre los jóvenes de 15 a 29 años existen altos los índices de migración hacia la ciudad, en especial de mujeres entre los 15 y 19 años. Los jóvenes que siguen viviendo en el campo han incrementado su educación formal y el contacto con las tecnologías de la información, lo que puede ayudar a cambiar sus expectativas frente a la vida.

También la FAO (2017) evidencia que en América Latina y el Caribe el 51,3% de las jóvenes que trabajan en el sector agrícola y un 29,9% de los jóvenes lo hacen sin remuneración. Los jóvenes asalariados, en la misma condición que los adultos, tienen salarios menores, jornadas más extensas y condiciones más duras de trabajo. Las jóvenes tienden a trabajar más horas en total, pero menos horas remuneradas. Su implicación en el trabajo doméstico hace que sea alta la proporción entre aquellos que ni estudian ni trabajan, dado que el trabajo doméstico no es considerado como actividad económica en las estadísticas oficiales (Nobre & Hora, 2017)

No disponer de ingresos propios, hace que las jóvenes mantengan una fuerte dependencia del padre o pareja, lo que resulta en muchos casos en situaciones de control y abuso de poder que desencadenan en casos de violencias contra ellas.

Una investigación sobre Juventud rural y empleo decente en América Latina (FAO, 2016) muestra que “Las jóvenes que trabajan en los quehaceres del hogar son uno de los grupos más vulnerables a la pobreza, ya que ni trabajan de modo remunerado, ni estudian, ni se les reconoce su aporte al hogar, no tienen muchas perspectivas de crecimiento personal, ni de participar en organizaciones sociales o en pasatiempos lúdicos”. Condición que también limita su capacidad adquisitiva de factores de producción como tierra, mano de obra, capital de trabajo; por lo tanto su participación en actividades productivas es muy baja y esto constituye una motivación para abandonar el campo.

Ahora sí formulemos políticas
Para disponer de las variables antes descritas, en un intento de definir a las mujeres rurales en referencia a qué hacen, dónde se ubican, qué les afecta y las condiciones particulares de las jóvenes rurales, es necesario que los Gobiernos realicemos mayores inversiones para llenar los vacíos de datos y dar seguimiento a los avances en la implementación de acciones de política.

Reunir datos supone un gran reto a la hora de medir las normas sociales discriminatorias para las mujeres rurales, debido sobre todo a una percepción ampliamente difundida de que las normas sociales no son cuantificables. Una buena herramienta que los Estados deberíamos usar es El Índice de Género e Instituciones Sociales (SIGI) de la OCDE quien muestra que las leyes formales e informales, y las normas y las prácticas sociales que restringen el acceso de las mujeres y las niñas a recursos y oportunidades de empoderamiento, definidas como instituciones sociales discriminatorias, empeoran las disparidades de género en el sector agropecuario (Ramos, 2018).

A través de la medición de las leyes (formales e informales), las actitudes, las normas y las prácticas discriminatorias de todas las regiones de un país no solo se destacan los efectos de la discriminación en las desigualdades de género, la pobreza y la marginalización de las mujeres, sino también se muestra cómo la discriminación contra ellas interactúa con una variedad de factores, como las diferencias rurales/urbanas o los niveles de educación.

En consecuencia, con la información recopilada es pertinente hacer un balance nacional y territorial de la oferta de la institucionalidad disponible para la mujer rural y de la capacidad institucional para proporcionar dicha oferta, y aquella necesaria para implementar nuevos programas o la ampliación de los existentes.

Con el propósito de armonizar las ofertas institucionales con las realidades de las mujeres rurales es imperante impulsar la participación de las organizaciones de mujeres rurales en el seguimiento, ajuste y diseño de los programas de desarrollo rural dirigidos a las mujeres.

Finalmente, proponer que en la definición de la asignación de recursos del gobierno central a los gobiernos territoriales uno de los criterios sea la igualdad de oportunidades para mujeres rurales e incluir un porcentaje de la inversión en infraestructura social, aseguraría un alto nivel de implementación de las políticas públicas con las mujeres rurales.