Parte importante del desarrollo de la humanidad y de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se sustenta en la relación que existe entre género y seguridad alimentaria, dos importantes temáticas las cuales, por separado, aseguran un futuro más próspero para la humanidad, pero juntas conforman un área de acción estratégica para el bienestar de quienes habitan nuestro planeta.

Quizás ambas temáticas resulten disímiles para algunos; sin embargo, la participación de la mujer en la agricultura es de interés estratégico, por su decidido impacto y beneficio que redunda directamente en la familia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha hecho gran énfasis en la importancia de la mujer como piedra angular de la economía rural, especialmente para los países de América Latina y el Caribe.

Es por ello que la mujer rural requiere del apoyo decidido de las políticas públicas para poder hacer la transición hacia la producción intensiva e industrializada; para que pueda tener seguridades ante las amenazas potenciales a su cultivo; y para poder insertarse, en equidad, dentro de los mercados de producción.

Un estudio que aborda esta temática -publicado en el 2012 por la FAO- plantea lo siguiente: «La formulación y fortalecimiento de políticas públicas y la instalación de estructuras formales en las instituciones que trabajan lo rural, se plantea como solución para resolver las brechas mencionadas, de modo que hombres y mujeres tengan un tratamiento equitativo, en la implementación de proyectos y programas sociales sustentables».

Al analizar algunos hechos que conocemos y que son el reflejo de la grave situación de las mujeres en la economía rural, nos damos cuenta de que tienen una participación mínima en la titularidad de las explotaciones agrícolas, y cuando llegan a ser titulares de la tierra, sus parcelas son más pequeñas y de menor calidad que las de los hombres. De igual manera, la calidad de los sembradíos de las mujeres es menor por no tener acceso a insumos y tecnologías como los tiene el hombre, lo que limita su capacidad de producción.

Las mujeres se ven obligadas a involucrar a sus hijos varones entre los 5 y 14 años en el deshierbe, lo que resulta en un aumento de los índices de trabajo infantil. Las mujeres solo reciben el 10 % de la ayuda total destinada a la agricultura, las actividades forestales y la pesca, a la vez que tienen un menor acceso al crédito en comparación con los hombres.

En consecuencia, la brecha de rendimiento entre agricultores y agricultoras se sitúa entre un 20 % y un 30 %, similar a la brecha existente en el ámbito salarial entre hombres y mujeres. Si esta brecha se cerrara, el aumento en la producción femenina podría redundar en alimentos para 150 millones de personas en todo el mundo.

No se puede dejar de mencionar, por igual, que los índices de analfabetismo son mayores entre las mujeres rurales; y el número promedio de años de instrucción escolar es mucho menor que el de los hombres. Como ha planteado el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon: «Colectivamente, las mujeres rurales son una fuerza que puede impulsar el progreso a nivel mundial». Trabajemos para que esa fuerza pueda incidir en la construcción de un país mejor, con equidad y sostenibilidad.

La cuestión ética
Cualquier reflexión sobre una temática tan importante como lo es la seguridad alimentaria no puede dejar de lado el rol de la mujer rural en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: la mujer rural en América Latina y el Caribe es un pilar de la agricultura de pequeña escala, del trabajo campesino y de la cotidiana subsistencia familiar.

Vivimos en un mundo donde prima un uso y explotación egoísta de los recursos puestos a nuestra disposición, lo que hace insostenible la vida a futuro en el planeta Tierra, como nos lo recuerda el Papa Francisco en su encíclica “Laudato si’ Sobre el cuidado de la casa común”.

Es un insulto a la dignidad humana y un problema ético que cientos de millones de personas estén en desnutrición y hambruna, mientras en el mundo se desperdician 1 300 millones de toneladas de alimentos al año, suficientes para erradicar el hambre.

En consecuencia, es urgente embarcarnos en la tarea de propiciar mecanismos que aseguren la disponibilidad y disfrute de una alimentación adecuada, imprescindible para la vida y el desarrollo humano, a la vez que cuidamos los recursos que hacen posible la existencia de los seres vivos en el planeta.

Esto no se puede lograr a espaldas de la mitad de la población, de ese motor de cambio que son las mujeres, y más que nada, no se puede lograr a espaldas de las mujeres que trabajan día a día en el campo. Porque sin la mujer rural no habrá seguridad alimentaria.

La región cuenta con un amplio conjunto de documentos que son el reflejo de acuerdos importantes a nivel regional, que fijan una hoja de ruta hacia la integración plena de la mujer en la matriz productiva.

Uno de ellos es la Estrategia de Montevideo, adoptada en el marco de la décimo tercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que plantea la valorización y el reconocimiento de la contribución económica del trabajo agrícola de la mujer.

La radiografía de la mujer, planteada en el citado documento, sugiere que las familias más pobres, encabezadas por mujeres en más de un 60 %, viven en tierras marginales y no se benefician de los avances tecnológicos ligados a la producción de variedades de alto rendimiento. No disponen de los recursos necesarios para adquirir fertilizantes, pesticidas y combustible; enfrentan grandes retos técnicos que les impiden insertarse en las cadenas de producción y comercialización y están obligadas a duplicar sus esfuerzos, para poder avanzar.  

La preocupación lleva a la acción
Existe una preocupación sobre la seguridad alimentaria, sobre las dificultades que muchos enfrentan para obtener alimentos, para garantizar la nutrición adecuada de los ciudadanos. Esta preocupación debe convertirse en un plan de acción para trabajar con las mujeres rurales, que incluya estrategias de acompañamiento socio familiar y de vinculación a intervenciones de desarrollo, desde un enfoque de liderazgo comunitario y participación social de la mujer.

Para ello, se requiere promover la agricultura familiar, la formación profesional, la producción agrícola, el cooperativismo, la inclusión financiera y el acceso a crédito como estrategias de salida de pobreza que permita a las mujeres rurales crear sus capacidades para emprendimientos basados en los recursos locales y en la sostenibilidad medioambiental.

También es necesario apoyar emprendimientos asociativos de mujeres en producción de invernadero, lombricultura, piscicultura, siembra de frutales, producción de alimentos y producción artesanal.

Todas las estrategias de intervención dirigidas a mujeres rurales deben estar basadas en un enfoque de derechos, de atención a los ciclos de vida y de prevención de violencia contra la mujer.  

Como ha dicho la Madre Teresa de Calcuta: «Juntos podemos hacer grandes cosas».

Empoderar a la mujer rural en los ODS
Nos toca ahora explorar cómo la Agenda 2030 puede servir para impulsar a la mujer rural y empoderarla en los retos que enfrenta.

La mujer rural es un agente de transformación, que realiza una enorme contribución que hoy es invisible a la opinión pública y a los grupos de interés. Hoy en día, la mujer rural asume una carga excesiva de actividades de cuidado sin remuneración ni reconocimiento, está expuesta a padecer mayores desigualdades y violencias y su valoración social es menor que la del hombre.

Es impostergable la necesidad de exaltar la importancia de la mujer rural como gestora en la reconstrucción del tejido social de la zona rural.

En países en desarrollo, las mujeres del campo desempeñan un papel importante como productoras de alimentos y generadoras de ingresos, un rol que la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) consideran vital para el futuro de la humanidad y que consideran que alcanza al 45 % de la producción de alimentos en América Latina y el Caribe.

En atención a esta realidad, corresponde a los organismos coordinadores de la implementación de los ODS en cada país, apoyados por las instituciones relacionadas con la agricultura, generar los espacios de diálogo y participación necesarios que permitan identificar las acciones requeridas para empoderar a la mujer rural.

Con el apoyo decisivo de organismos internacionales, es posible disipar la vulnerabilidad de la mujer rural latinoamericana, para transformar las estructuras de poder y costumbres sociales que, históricamente, han caracterizado a las zonas rurales, que lleva a estas mujeres a sufrir una doble marginación: por ser mujeres y por ser rurales.

La oportunidad de cambio que nos otorga la Agenda 2030 servirá para impulsar un nuevo paradigma en el desarrollo rural, impulso de una sociedad donde la mujer rural no sea inferior o superior al hombre, sino que pueda cultivar las cualidades que constituyen su fuerza y valor, una mujer rural nueva en capacidad de perfeccionar la comunidad donde habita.