Según una antigua anécdota de la industria del desarrollo, hace muchos años un equipo de inspección viajó a una comunidad rural para controlar un proyecto de riego. Al llegar, encontraron sólo mujeres blandiendo picos y palas, mientras otras empujaban carretillas de arena y piedras. “¿Dónde están los hombres contratados para cavar los canales?” preguntó un visitante. “Están jugando al futbol contra otra comunidad”, respondió una mujer. “¿Y cómo es que están trabajando ustedes?”, quiso saber el inspector, perplejo. “No estamos trabajando. Nosotras sólo ayudamos”, fue la réplica, sin ironía alguna.

El cuento podrá ser apócrifo, pero encierra más que una pizca de verdad. Las contribuciones económicas de las mujeres de zonas rurales suelen ser sistemáticamente subestimadas. En las zonas rurales de América Latina y el Caribe hay alrededor de 58 millones de mujeres. Según datos oficiales, unas 17 millones de ellas están económicamente activas, pero apenas 4,5 millones son consideradas productoras agrícolas. Numerosos expertos coinciden en que suele haber una merma importante en el registro, dado que las labores agrícolas realizadas por mujeres suelen ser computadas como tareas domésticas no remuneradas. Por duro que trabajen cuidando de huertas, criando aves o moliendo maíz, sus esfuerzos típicamente no son valorados como parte de la producción rural.

Más allá del error y la injusticia que esa subestimación representa, la falta de reconocimiento del valor del trabajo de las mujeres rurales destaca otro aspecto de la inequidad de género: los hombres que se dedican a la agricultura cuentan con mayor acceso a tierras, crédito, tecnologías y servicios de extensión que las mujeres. Esto explica la brecha en productividad entre los géneros. En mi región, por ejemplo, las mujeres reciben apenas 10 % de los préstamos para agricultura. Pero según algunos cálculos, si tuvieran el mismo acceso a recursos que los hombres, las mujeres podrían aumentar su producción rural significativamente.

Tal incremento contribuiría en buena medida a reducir otro persistente desafío: la inseguridad alimentaria, fenómeno que ocurre cuando parte de la población carece de acceso a suficiente comida para cubrir sus necesidades y llevar adelante vidas saludables y activas. Que esto ocurra en nuestra región puede parecer paradójico, dado nuestro fenomenal potencial agrícola. A pesar de ser la única región del mundo en alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir el hambre a la mitad entre 1990 y 2015, la cantidad de personas que sufren inseguridad alimentaria ha aumentado. Esta aparente contradicción radica en que las mejoras en producción alimentaria en América del Sur superaron a las del resto de la región, elevando el promedio general. De hecho, entre 2015 y 2016, la cantidad de personas que padece hambre se elevó en 2,4 millones, alcanzando un total de 42,5 millones en la región, una cantidad similar a la población de Argentina.

Esta preocupante tendencia siembra dudas acerca de nuestras probabilidades de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de eliminar el hambre para 2030. Peor aún, la región enfrenta la llamada “triple carga” de la malnutrición: la presencia simultánea de desnutrición, deficiencia de micronutrientes y obesidad. Estos problemas acarrean todo tipo de complicaciones, desde limitar el desarrollo cognitivo en la infancia hasta aumentar la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer, que ya están inflando los costos de nuestros sistemas de salud.

Sin embargo, estamos a tiempo de trabajar sobre las principales dimensiones de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. Asimismo, de empoderar a las productoras rurales de nuestra región para que maximicen su rendimiento, podríamos alcanzar nuestras metas más rápidamente.

Disponibilidad alimentaria
La disponibilidad alimentaria a nivel local o nacional depende de la producción agrícola y la importación. En nuestra región, las mujeres desempeñan un rol fundamental en la disponibilidad, participando en cada una de las etapas de la producción, procesamiento y distribución de los alimentos. Sin embargo, la falta de tiempo para tales labores puede limitar su participación en la producción agrícola, generando mayores desigualdades de género. La disparidad en el acceso de las mujeres a mano de obra, tierra, capacitación y tecnologías obstaculiza aún más su productividad y eficiencia. Lógicamente, una disminución de la brecha de género en el acceso a insumos y recursos productivos aumentaría la disponibilidad de alimentos y reduciría el hambre.

Para alcanzar estos objetivos, debemos promover acciones específicas que incentiven la participación femenina en programas productivos, que deben ofrecer asistencia técnica con un enfoque de género. Esto implica fijar ciertos objetivos sobre la cantidad de mujeres participantes y ofrecer capacitación agrícola que tome en cuenta sus necesidades específicas en cuanto a lenguaje, accesibilidad, tiempo y periodicidad. Los proyectos de titulación de tierras deberían ser una línea de acción clave. Estos deben ser diseñados e implementados de modo de promover la equidad e igualdad de género mediante: (i) la promoción de instituciones que protejan el acceso equitativo de hombres y mujeres a la tierra; (ii) la provisión de información a las mujeres sobre sus derechos y deberes legales en relación con los bienes inmuebles; y (iii) el impulso a la copropiedad de tierras entre cónyuges.

Acceso a alimentos

Aun habiendo suficiente alimento disponible a nivel local o nacional, una familia puede sufrir de inseguridad alimentaria si carece de medios económicos para obtener comida. La pobreza y la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres constituyen riesgos típicos al acceso a alimentos. En nuestra región, las mujeres jefe de hogar sufren mayores índices de pobreza que los hombres. En zonas rurales, de acuerdo con organizaciones internacionales, esto se debe en gran medida a que 40 % de las mujeres mayores de 15 años no recibe remuneración por sus labores, que con frecuencia incluyen actividades agrícolas. Naturalmente, elevar los ingresos de las mujeres y reducir la brecha salarial entre géneros puede ayudar a mejorar el acceso a alimentos.

A tal fin, debemos considerar dos grandes líneas de acción. En primer lugar, se deben promover más actividades rurales productivas remuneradas para las mujeres, por ejemplo, expandiendo su acceso al crédito y ofreciéndoles capacitación sobre actividades de producción y comercialización. Segundo, debemos generar más oportunidades económicas para las mujeres, ampliando su participación laboral, acotando la brecha salarial y de ingresos entre géneros, y promoviendo el acceso a empleos de mejor calidad para mujeres en zonas rurales. Por ejemplo, se puede impulsar el emprendimiento femenino en zonas rurales mediante capacitaciones y programas de certificación que ayuden también a reducir la discriminación de género.

Utilización de los alimentos

Históricamente, las mujeres han desempeñado un rol indispensable en garantizar la nutrición y el bienestar de sus familias, especialmente en zonas rurales donde son las principales cuidadoras y están tradicionalmente a cargo de la selección, preparación y provisión de alimentos. Sin embargo, las mujeres también enfrentan mayores desafíos con relación a la nutrición, particularmente con la obesidad. En nuestra región, el índice de obesidad femenina es de 26,8 %, contra 18,5 % en el caso de los hombres. Esta tendencia resulta especialmente preocupante en el Caribe, donde el índice de obesidad femenina es casi cuatro veces mayor al masculino. Empoderar a las mujeres es clave para mejorar los resultados nutricionales. De hecho, el empoderamiento femenino se relaciona con mejoras en la diversidad de la dieta familiar, la nutrición materno-infantil y otros indicadores de desarrollo temprano.

Por ello debemos diseñar e implementar intervenciones en agricultura, agua y saneamiento y protección social con miras a mejorar la nutrición y a empoderar a las mujeres. Por ejemplo, los programas de desarrollo rural deberían incluir activamente a mujeres en su implementación, elevando su posición social y económica. Entretanto, los programas de protección social deberían establecer metas basadas en índices de nutrición y salud femenina. Asimismo, es necesario promover proyectos que induzcan cambios de conductas que conduzcan a dietas saludables y a la reducción del sobrepeso y la obesidad, principalmente en mujeres y niños, quienes constituyen la población más afectada. Finalmente, es esencial aumentar el acceso a agua potable en zonas rurales.

Estabilidad alimentaria

La estabilidad alimentaria implica que la oferta no se vea amenazada por variaciones imprevistas en los precios o el clima. Las medidas para garantizar un flujo alimentario estable resultan particularmente importantes para el bienestar de las poblaciones más vulnerables, que generalmente coinciden con las más afectadas por imprevistos, dado que carecen de mecanismos efectivos para estabilizar el consumo de alimentos. Esto es especialmente relevante en el caso de las mujeres, que son los miembros de la familia más propensos a reducir su consumo ante una repentina escasez.

Para garantizar la estabilidad alimentaria, debemos diseñar e implementar instrumentos con un enfoque de género que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios al cambio climático y a los desastres naturales. También debemos mejorar la capacidad de los institutos nacionales de investigación agrícola para desarrollar y difundir variedades mejoradas de cultivos comúnmente plantados por mujeres, que sean más resistentes al cambio climático. Se debe incentivar a las mujeres a ocupar roles activos en asociaciones de usuarios de agua y a participar de las decisiones con respecto al riego en sus comunidades. Finalmente, debemos diseñar intervenciones de gestión de riesgo de desastres con actividades especialmente orientadas a mujeres.

En resumen, la evidencia demuestra que empoderar a las mujeres aumenta la seguridad alimentaria. En adelante, los programas de desarrollo rural deberían combinar estos objetivos. Asimismo, los gestores de políticas deben procurar incluir enfoques de género en todos los programas destinados a poblaciones rurales. Finalmente, para diseñar e implementar intervenciones sólidas, es preciso contar con datos de calidad, desglosados por género, para medir las necesidades y contribuciones de las mujeres relacionadas con la seguridad alimentaria. Estoy seguro de que, si hacemos las cosas bien y empoderamos a la mujer rural, llegaremos a ver el fin del hambre en nuestra región.

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