En octubre próximo, la comunidad internacional conmemorará tres fechas fundamentales para entender la relevancia actual y futura de nuevos aspectos de la agenda global en materia de desarrollo sostenible. Entre el 15 y el 17 de octubre próximos, la Organización de las Naciones Unidas observará, como lo hace desde el año 2008, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Día Mundial de la Alimentación y, finalmente, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Los tres eventos están estrechamente vinculados, no solo desde el punto de vista cronológico, sino fundamentalmente por un eje transversal que plantea la relevancia del trabajo femenino en el ámbito rural y el empoderamiento de las mujeres rurales para la producción de alimentos, la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad en un entorno especialmente desafiante para cumplir con los 17 grandes Objetivos del Desarrollo Sostenible hacia el año 2030.

Esta nueva visibilidad del papel de las mujeres en los espacios rurales, algo que también es evidente en la literatura, la cinematografía, las artes escénicas y el desarrollo de nuevas líneas de investigación en las ciencias sociales y las humanidades, tiene que ver con una creciente valorización de su potencial como agentes detonantes del desarrollo económico y la inversión, el cambio social, la protección del medio ambiente y de muchos otros efectos positivos para el bienestar de las sociedades no urbanas. A nivel regional, estas fueron precisamente las conclusiones más importantes de la Conferencia de la Mujer Rural en América Latina y el Caribe (Brasilia, 2014) y de la XIII Conferencia Regional de la Mujer (Montevideo, 2016) que instrumentaron la campaña denominada Mujeres Rurales que enmarcó este esfuerzo en el intercambio y difusión de experiencias, mejores prácticas, políticas, mecanismos innovadores y acciones específicamente orientadas al fortalecimiento del rol de las mujeres rurales, la defensa de sus derechos y el fomento a la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible de su entorno.

En términos generales, las mujeres representan el 40 % de la fuerza productiva del planeta y su involucramiento en el presente y el futuro de la actividad económica de las naciones del mundo se entiende como fundamental dado que los sectores decisivos para el crecimiento competitivo en los países en desarrollo dependen, en gran proporción, del trabajo femenino. En los denominados mercados emergentes, de acuerdo con el Banco Mundial, las mujeres son propietarias de aproximadamente el 37 % de todas las pequeñas y medianas empresas. Esto incluye a los agronegocios, en donde muchos de los desafíos que enfrentan las mujeres en la actividad económica se multiplican. Las mujeres rurales conforman hasta dos tercios de los 800 millones de personas analfabetas en el planeta.

El sector agroalimentario, se sabe de sobra, tiene un carácter estratégico para el futuro de la población mundial. En primer término, en 2050, la población mundial alcanzará la friolera de 9600 millones de personas, lo cual supondrá un incremento sustancial en la demanda de alimentos a nivel global. De acuerdo con distintas estimaciones realizadas por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), para satisfacer esa demanda se necesitará de un aumento de al menos el 70 % de la producción alimentaria actual. Para ello, se deberá echar mano no solo de los avances tecnológicos más importantes en las últimas décadas sino también, y de manera decisiva, de políticas públicas que a nivel global favorezcan el empoderamiento, la capacitación, la igualdad jurídica y condiciones sustancialmente mejores a las actuales en las que la discriminación contra las mujeres sigue siendo un elemento predominante.

Los niveles de exclusión de las mujeres en entornos rurales suelen ser considerablemente mayores que los registrados en zonas urbanas. Las disparidades de género son especialmente profundas e histórica y culturalmente enraizadas en materia de tenencia de la tierra (no más del 20 % del total de la tenencia de la tierra cultivable en el planeta es propiedad de mujeres), acceso a recursos productivos y a servicios financieros. De acuerdo con el Global Findex, una base de datos que cuenta con información de 148 países en términos de ahorro y crédito, las mujeres son en menor proporción titulares de una cuenta bancaria que los hombres. En los países en desarrollo, las mujeres tienen un acceso generalmente más restringido al crédito (al menos 20 % menos que los hombres) y aún si obtienen uno, para el cual necesitan todavía en varios países la autorización de un varón en la familia, tienen un acceso menor a otros servicios financieros como los ahorros, los seguros y los medios digitales de administración de sus recursos.

Más aún, en el entorno rural, hay obstáculos culturales que impiden que las mujeres posean ganado, tomen decisiones financieras por sí solas o sean beneficiarias de la acción pública en el contexto de programas de financiamiento rural que parecen haber sido creados para las necesidades y los requerimientos que normalmente pueden cumplir los padres de familia. De acuerdo con la FAO, reducir las desigualdades de género en el campo tan solo en relación con el acceso a recursos, servicios y empleo podría hacer aumentar la producción agrícola en más de un 4 % y ayudar con ello a reducir el número de personas que sufren de hambre en aproximadamente 150 millones menos. Conviene recordar que de acuerdo con estudios recientes realizados en América Latina, África y el sudeste asiático, las mujeres asignan una proporción mayor de sus ingresos al hogar y a su entorno familiar que los hombres. Esto tiene implicaciones relevantes en el ámbito rural donde las disparidades de ingreso entre géneros, las tasas de desocupación de las mujeres y el volumen de trabajo no remunerado que realizan alcanzan dimensiones aún mayores que en los entornos urbanos.

Pero el empoderamiento de las mujeres rurales pasa también por garantizarles pleno acceso a oportunidades educativas y de capacitación. La integración de las mujeres rurales a la educación formal, pero también a talleres tecnológicos y formación agrícola de vanguardia, ha probado ser fundamental para dotarles de las habilidades y los conocimientos necesarios a fin de que engrosen las filas de una nueva generación de empresarios del agro conscientes del medio ambiente y la importancia de las energías renovables, determinados a mejorar la calidad de vida de sus comunidades y conscientes de su papel para garantizar la seguridad alimentaria. Por fortuna, aunque aún hay retos formidables en este sentido, comienzan a presentarse ejemplos exitosos. En India, agencias de las Naciones Unidas consiguieron que amplios grupos de mujeres rurales recibieran capacitación para dominar la ingeniería solar y aplicarla para iluminar sus comunidades y aprovecharla en sus campos de cultivo. En Egipto, una nueva generación de microcréditos para las mujeres jefas de familia en el campo está haciendo una enorme diferencia al venir acompañada de iniciativas de capacitación coauspiciadas por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y en América Latina, el emprendimiento de la mujer rural ha tenido resultados cada vez más relevantes en Costa Rica, México, Brasil, Bolivia, Guatemala y Paraguay.

El tema de la vinculación entre trabajo rural femenino y seguridad alimentaria ofrece también campo fértil para la acción. En la denominada agricultura del autoconsumo y la agricultura familiar, las mujeres toman parte activa en las primeras etapas de toda la cadena productiva, desde la preparación de la tierra para la siembra hasta la recolección de la cosecha. Lo hacen, sin embargo, adoleciendo de una posición estructuralmente desventajosa dado que menos del 40 % de las mujeres rurales mayores de 15 años reciben ingresos por esta actividad. Según un análisis del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en buena medida esto es el resultado, por un lado, de un limitado acceso a la propiedad y acceso a activos de subsistencia como la tierra y el crédito, pero también la energía y el agua y, por el otro, de su menor involucramiento en la comercialización de los productos agrícolas y procesos asociados como el transporte y la infraestructura de distribución. Las políticas específicamente dirigidas a cerrar estas brechas han recibido, por ello, una especial atención por parte de la FAO y otras agencias. No deja de sorprender, con todo, que el 43 % de los puestos de trabajo en la producción de alimentos de países en desarrollo son ocupados por mujeres lo cual convierte su trabajo en un instrumento para la seguridad alimentaria.

Desde la publicación del reporte del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas intitulado “El empoderamiento de las mujeres rurales y su papel en la erradicación de la pobreza y el hambre, el desarrollo y desafíos actuales” en 2015, los esfuerzos en esta dirección se han multiplicado considerablemente. De manera reciente, la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, como parte de una colaboración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) con autoridades de la FAO y otras agencias regionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), adoptó un Plan para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y la Erradicación del Hambre 2025 a partir del cual la región ha generado una nueva conciencia sobre el particular. De ahí la nueva Ley de Agricultura Familiar que en Guatemala dispone de presupuestos específicos para atender las desigualdades de género, la Ley de Políticas Públicas para Mujeres Rurales en Paraguay que adopta el principio del aseguramiento del acceso al crédito, la tierra, el mercado y el comercio justo, lo mismo que la creación de una nueva Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura de Colombia y la inclusión, en el Plan de Igualdad de Género de Costa Rica, de medios de visibilización y articulación de las demandas y oportunidades para el desarrollo de microempresas para las mujeres rurales.

En efecto, el segundo objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene que ver con poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y la promoción de la agricultura sostenible. Al cumplimiento de este objetivo, como al del quinto en materia de igualdad de género, el empoderamiento de la mujer rural contribuye directamente, lo mismo que a otro, verdaderamente fundamental, que no necesariamente recibe atención suficiente. Me refiero al tercero que evoca la necesidad de garantizar una vida sana y promover la salud para todos en todas las edades específicamente combatiendo la mortalidad infantil y materna. La vulnerabilidad en términos de acceso a servicios médicos adecuados supone una barrera fundamental para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres rurales y un obstáculo frecuentemente infranqueable para el desarrollo de todas sus potencialidades. Proveer de servicios médicos suficientes y especializados debiera, por tanto, recibir una atención prioritaria en todo esquema de empoderamiento de la mujer rural.

Pero en el contexto de la vinculación de estos esfuerzos con la agenda de desarrollo global, es evidente que se necesitan plantear otras muchas iniciativas. Me refiero, en primer término, a promover su organización en cooperativas o asociaciones para garantizar su participación equitativa en la toma de decisiones. Empoderar significa también asegurar una participación creciente del liderazgo femenino rural en los órganos para la decisión pública en todos los niveles. Implica también, para ello, generar mejores indicadores para medir el rendimiento de las políticas públicas focalizadas en ello, enfrentar las distintas formas de violencia política y patrimonial contra las mujeres y promover su participación en los procesos de comercialización y distribución de productos agrícolas. Conviene recordar que las mujeres rurales no son solo mujeres agrarias dado que más allá de la actividad agropecuaria, son parte central de las cadenas de valor de producción de alimentos y ponen en operación micro negocios.

No menos importante debe ser, sin embargo, su plena incorporación a las deliberaciones que en beneficio de su situación emprende la comunidad internacional especialmente en el seno de los organismos internacionales. Nunca como ahora, el mundo necesita un potente movimiento feminista rural. Contribuyamos a él y a plantear la relación entre la mujer y la tierra como eje central de las políticas públicas de este siglo.