Durante 15 años trabajé con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde pude conocer de primera mano, la importancia que tienen los diversos sectores en el desarrollo nacional. Luego, al dirigir la Concertación Nacional para el Desarrollo (CCND), confirmé lo anterior, mientras constituíamos una hoja de ruta inclusiva que sirviera de orientación nacional con una visión del desarrollo a largo plazo.

Celebro la oportunidad que hoy se me brinda de escribir sobre este tema, que entrelaza dos objetivos que han definido mi carrera profesional, los cuales son alcanzar el desarrollo sostenible y la equidad de género, a fin de proveer oportunidades para todas las personas.

La equidad de género es, para mí, una prioridad tanto a nivel personal como profesional. Más allá de la justicia, los derechos o el equilibrio social, la evidencia demuestra que si la brecha de género tan solo en la economía mejorase un 25 %, en el 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) mundial podría incrementarse en 5,3 mil millones de dólares, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Mejoras en la economía de la mano con equidad de oportunidades garantizan mejor repartición de las riquezas, lo cual nos lleva a acercarnos al cierre de brechas alarmantes como la pobreza.

Resulta un secreto a voces que las mujeres no tienen la misma oportunidad de aspirar a cargos como los hombres. Históricamente, la mujer ha ocupado un estatus de segunda categoría en la sociedad. No fue sino hasta el siglo pasado que obtuvo el derecho a la educación, al voto, a poder aspirar a cargos públicos y a una licencia de maternidad.

Un claro ejemplo que demuestra esta falta de equidad es la obligación implícita que recae en la mujer de atender el hogar y la familia, lo cual la lleva a tener menos tiempo para su desarrollo profesional. En la actualidad, aún persiste la creencia de imponer una obligación a un género sobre el deber de los cuidados, cuando es obvio que compartirlos beneficia a todos.

Sin embargo, la corresponsabilidad en las tareas del hogar para un grupo como las mujeres rurales es una meta casi inimaginable. Los roles de género, establecidos por la cultura y la sociedad, prevalecen con firmeza en este sector de la población, trayendo como resultado mujeres únicamente dedicadas a la esfera de lo reproductivo, así como al cuidado de los niños y ancianos, tareas que no son remuneradas.

Las mujeres rurales enfrentan situaciones aún más desfavorables que las que atraviesan el resto del género y quienes se desenvuelven en el ámbito rural.

Las mujeres jefas de hogar representan menos del 25 %, aunque entre 2002 y 2014 se registró un aumento del 40 %¹ en la proporción de hogares rurales encabezados por mujeres. Asimismo, tres cuartas partes de estos hogares son clasificados como inactivos laboralmente o en agricultura autónoma. Todo esto genera una afectación directa en la situación económica de las mujeres rurales, que se ve reflejada en las bajas cifras de participación, que alcanza apenas un 45 %, mientras que los hombres rurales marcan un 81 %.

El sector agropecuario en Panamá representa un bajo porcentaje del PIB, pero es el sector que más empleos provee. Esto define la importancia que tiene y el apoyo que se le debe brindar con el objetivo de fortalecerlo. Es precisamente con ese fin que esta administración ha impulsado el programa Panamá Exporta que tiene como propósito promover, mediante la capacitación, asesoría y asistencia técnica, el incremento, la diversificación de las exportaciones agroalimentarias de Panamá y la vinculación de agroempresarios a los mercados de exportación. Lo anterior, mediante una marca centrada en la promoción de una cultura exportadora de calidad que posicione los productos panameños en el mercado internacional bajo un sello de excelencia.

Gran parte de las mujeres rurales que desempeñan un rol profesional se dedican al sector agropecuario. Vale mencionar que Panamá tiene una de las tasas más elevadas de mujeres productoras agrícolas en Latinoamérica.

Sin embargo, en los últimos diez años, en Panamá hemos registrado un incremento importante en la incorporación de mujeres rurales en el mercado laboral. Además, una mayor diversificación en las labores a las que se dedican, dejando a un lado el sector agropecuario, al introducirse en la industria manufacturera, los servicios sociales, el comercio, la enseñanza, la salud, el empleo doméstico y el turismo.

Iniciativas panameñas en favor de las mujeres rurales
Tomando en cuenta los retos que aún tienen las mujeres rurales al buscar superación personal y profesional, la República de Panamá, a través de sus instituciones gubernamentales, ha puesto en marcha varias iniciativas.

En materia de empoderamiento de la mujer rural, la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó en el 2017 el IV Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales (ENLAC), cuyo objetivo fue impulsar la discusión sobre los principales problemas que atañen a las mujeres rurales de los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. Algunos de los temas fueron: la consecución de la Agenda 2030, las afectaciones del cambio climático, la protección de los derechos humanos de las mujeres rurales, y las tecnologías de información y comunicación (TIC) como herramientas de gestión y empoderamiento. El MIDA, a su vez, brinda diariamente asistencia técnica a 200 organizaciones de mujeres rurales ubicadas en Panamá. A través del Proyecto de Transferencia de Oportunidades se les abren puertas a las mujeres rurales de escasos recursos con la finalidad de disminuir los niveles de pobreza.

Por su parte, la Oficina de Género del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (MITRADEL), en conjunto con el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y otras instituciones, han impartido a nivel nacional diversos talleres de formación y sensibilización para las mujeres en las comunidades y áreas rurales. Entre los temas tratados en las capacitaciones destacan: habilidades blandas para artesanos, reducción de las brechas de género, autoestima, empoderamiento, costo e inversión, elaboración de planes de negocio, desarrollo de talentos humanos, salud sexual y reproductiva, estilo de vida saludable, y atención primaria de salud. Las capacitaciones tienen como objetivo formar microempresarias para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, ayudándolas a salir del autoconsumo y orientarse hacia la producción para el mercado.

Asimismo, el INAMU y el MITRADEL implementaron la iniciativa que se denomina “Tú puedes mujer”, en la cual se capacita a las mujeres en el cultivo de hortalizas, en cómo iniciar sus propios negocios, y en el procesamiento de pescados y mariscos. El INAMU, en conjunto con la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), también llevan a cabo el proyecto “Creando oportunidades para las mujeres” que busca capacitar a las mujeres rurales en materia de planes de negocios. Al finalizar la capacitación, pueden concursar para recibir capital semilla que les permita abrir su primer negocio.

Los gobiernos deben implementar políticas públicas enfocadas en disminuir las brechas de género, incluyendo a estas mujeres en su formulación y permitiendo su participación en el liderazgo político. Debemos promover que adquieran más derechos sobre la propiedad, asegurar el acceso al crédito y financiamiento, el incremento de la participación en cadenas de producción y distribución de productos, apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales, por mencionar algunas acciones necesarias. Estas políticas públicas, además, deben tomar en cuenta las particularidades de la mujer rural y la mujer indígena. Debe considerarse su idioma, educación, cultura, tradiciones y creencias, sin que esto les prive de acceso a tecnologías e infraestructura para garantizar mayor productividad y calidad.

En Panamá, los resultados del estudio del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en el 2017, revelaron que el 19 % de la población vive en situación de pobreza y existe una mayor incidencia en las áreas rurales e indígenas, donde las más afectadas son las mujeres, que por tradiciones como el casamiento, el establecimiento de familias a tempranas edades, la discriminación étnica y el poco acceso a la educación, sufren mayor pobreza y marginación. Aun cuando el IPM refleja una disminución de algunos puntos porcentuales en el índice de pobreza, somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer, no solo a nivel nacional sino también regional. La desigualdad es nuestro mayor reto, pero tenemos la capacidad de superarlo y ya hemos dado pasos muy concretos en esa dirección.

Proyectos dirigidos a incrementar el acceso a una educación y servicios médicos de calidad, han sido priorizados en las áreas rurales, lo mismo que la habilitación de infraestructuras que faciliten el acceso de sus productos al mercado.

Programas interinstitucionales promueven la inclusión financiera de las mujeres en el sector rural, otorgándoles las herramientas que les permitan administrar sus recursos de una manera planificada. El objetivo es que, en el momento en que empiecen a generar ingresos, estén en capacidad de ahorrar y así realizar una planificación financiera que, bajo sus propias decisiones, den paso a inversiones que potencien el negocio, aseguren su sostenibilidad, así como el acceso a una mejor calidad de vida.

Equidad de género en la Agenda 2030
El interés de alcanzar la equidad de género, disminuir la pobreza y brindar mejores condiciones de vida a todos, se ve recogido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través de 17 objetivos y 169 metas. Soy fiel creyente de que, al avanzar en la consecución del Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, avanzaremos en el cumplimiento de los demás 16 objetivos. Las mujeres representan el 50 % de la población, sin la participación activa de la mitad de la población resultará imposible cumplir con la Agenda 2030. Es fundamental contar con todos los actores de la sociedad para acelerar el desarrollo sostenible y esto incluye a las mujeres.

La Agenda 2030 también busca erradicar la pobreza, como lo establece en el Objetivo 1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo”. Este flagelo tiene como su presa a grupos como las mujeres rurales, por su nivel de vulnerabilidad. Se busca alcanzar los objetivos, teniendo un especial enfoque en estos grupos, a fin de tener equidad en todos los ámbitos, a través del acceso a recursos y servicios. Respecto de las mujeres rurales, su condición de vulnerabilidad las ha llevado a permanecer entre altos niveles de pobreza. La posibilidad de que las mujeres vivan en pobreza es desproporcionalmente alta en relación con los hombres, otra muestra de la necesidad de alcanzar la equidad de género.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos brindan la coyuntura ideal para darle prioridad a las mujeres rurales, un grupo que ha sido rezagado históricamente. En la actualidad, contamos con las herramientas necesarias para brindarles las oportunidades que necesitan para superarse personal y profesionalmente.

De frente al 2030, cada gobierno, cada empresa y cada ciudadano debe alinear y priorizar en su desarrollo, la Agenda 2030, la cual incluye a las mujeres rurales en todos sus objetivos de manera directa o indirecta.

Sueño con un mundo en el que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, donde no sean discriminadas por ser mujeres, que su futuro no sea definido por su género, sino por sus méritos. Tengo la certeza de que ese sueño puede ser realidad, siempre y cuando todos contribuyamos a alcanzarlo.