Lograr la igualdad de género nunca ha tenido mayor prioridad en la agenda política. En los foros internacionales a menudo se hace hincapié en conseguir la igualdad en materia de salarios, acceso a oportunidades en el mercado laboral o representación en los parlamentos, los consejos y el Gobierno. Gran parte de esta decisiva labor supone enfocarse en las mujeres en los contextos urbanos; sin embargo, se presta escasa atención a las mujeres de las comunidades rurales, quienes siguen siendo uno de los grupos más marginados de la sociedad.

Las mujeres rurales enfrentan numerosos obstáculos que limitan sus oportunidades sociales y económicas: carencia de derechos a la tierra, la infraestructura y servicios básicos, acceso restringido al trabajo decente y la protección social, y exclusión de los procesos de toma de decisiones y los puestos de dirección.

Empoderar a estas mujeres resulta esencial para el desarrollo rural, la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la nutrición. En efecto, el acceso de las personas a los alimentos depende en gran medida del doble trabajo que las mujeres rurales desempeñan como productoras y cuidadoras. En los países en desarrollo las mujeres representan en promedio el 43 % de la mano de obra agrícola dedicada a los cultivos, la ganadería y la piscicultura, entre otras actividades, y el 65 % de los trabajadores familiares no remunerados¹.

En 2018 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas reconoció la importancia de asegurar los derechos sobre la tierra de las mujeres, garantizando la igualdad de oportunidades económicas y empoderando a las mujeres rurales para cumplir la Agenda 2030². En los países en desarrollo ofrecer a estas mujeres acceso igualitario a los recursos productivos podría incrementar la producción de sus fincas de 20 % a 30 %. No obstante, para evitar que sean ignoradas o excluidas, debemos comprender las distintas facetas del problema.

El problema
Las mujeres rurales siguen sufriendo las consecuencias de un limitado acceso a servicios de guardería, capacitación, transporte, y servicios médicos y culturales, y enfrentan una gran escasez de oportunidades laborales. La lejanía de los centros, los servicios y los datos sanitarios y de los profesionales de la salud calificados representa un obstáculo significativo para las mujeres y las niñas rurales. En los países menos desarrollados una mujer rural tiene una probabilidad 38 % menor que una urbana de dar a luz con la asistencia de un profesional de la salud capacitado³.

Además, tienden a contar con menor acceso a los medios de producción (tierra, agua y semilla, entre otros) y a los insumos agrícolas, y con escaso acceso a los sistemas de protección social. Las mujeres tienen menores probabilidades de poseer tierras: debido a dificultades de índole cultural y legal, solo el 20 % de los terratenientes son mujeres. En América Latina y el Caribe (ALC), por ejemplo, estas constituyen menos de un tercio de los agricultores: 8 % en Guatemala y Belice, 30 % en Jamaica y 31 % en Perú⁴.

En este sentido, la educación es otro factor importante y, aunque se ha avanzado significativamente, las niñas de las zonas rurales presentan el doble de posibilidades de dejar la escuela que las de las ciudades. Solo el 39 % de las niñas rurales asisten a la secundaria, en comparación con el 45 % de los niños rurales y el 59 % de las niñas que viven en las zonas urbanas⁵. Adicionalmente, las niñas rurales se hallan en desventaja frente a los niños rurales en términos de su nivel educativo.

Las mujeres rurales tienen menos autonomía, voz, intervención y poder de decisión en su grupo familiar, así como menores posibilidades que los hombres de ser electas como representantes en la mayoría de consejos rurales⁶. En Nicaragua, por ejemplo, existen pocos casos de mujeres wihtas o síndicas, es decir, ocupando puestos clave con poder sobre las tierras comunales⁷.

Obstáculos sociales, culturales y legales
El Índice de Género e Instituciones Sociales (SIGI)⁸ de la OCDE muestra que las leyes formales e informales, y las normas y las prácticas sociales que restringen el acceso de las mujeres y las niñas a recursos y oportunidades de empoderamiento, definidas como instituciones sociales discriminatorias⁹, empeoran las disparidades de género en el sector agropecuario¹⁰.

En países miembros y no miembros de la OCDE las mujeres rurales son particularmente vulnerables a la discriminación de género en las normas sociales. Ciertamente, las poblaciones rurales tienen menores probabilidades que las urbanas de conocer los derechos y las prerrogativas de las mujeres¹¹. De acuerdo con diversas investigaciones, en el medio rural los hombres y las mujeres tienen más posibilidades de obedecer normas y prácticas consuetudinarias, que suelen ser marcos legales más discriminatorios que reglamentarios. Desafortunadamente, las normas y las prácticas consuetudinarias de 102 países, es decir, de más de la mitad de los países del mundo, aún les niegan a las mujeres los derechos de acceso a la tierra de los que gozan los hombres¹². Además, los marcos legales antidiscriminatorios han resultado insuficientes para proteger en su totalidad los derechos de las mujeres a los recursos y los bienes debido a opiniones y prácticas discriminatorias.

En las normas sociales discriminatorias dictadas en el ámbito familiar se designa a las mujeres como las cuidadoras principales, dejándolas con una desigual división del trabajo y una mayor proporción de trabajo de cuidado no remunerado. Ello las obliga a conciliar sus responsabilidades domésticas y el trabajo en el campo, con frecuencia en detrimento de su productividad¹³. Por lo tanto, las mujeres rurales suelen dedicar más tiempo a los quehaceres domésticos y reproductivos que las urbanas, incluido el tiempo empleado en la recolección de agua y combustible, como resultado de la falta de infraestructura básica y servicios públicos.

A causa de las normas sociales en las que el trabajo de cuidado no remunerado se considera como una prerrogativa femenina, mujeres de distintas regiones, clases socioeconómicas y culturas destinan en promedio entre tres y seis horas a la realización de actividades de cuidado no remuneradas, mientras que los hombres invierten en ellas solo entre media hora y dos horas¹⁴. Las mujeres rurales de ALC dedican diez horas adicionales al trabajo de cuidado y las responsabilidades domésticas, en relación con las mujeres de las ciudades, y el triple del tiempo que los hombres rurales. Esto también hace que tengan menor movilidad y que dependan más de su entorno inmediato, lo que las vuelve particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático en la agricultura. Además, suelen ser las primeras en “absorber las perturbaciones” de las crisis alimentarias.

Cómo hacer visible lo invisible: soluciones
El trabajo que realiza la OCDE en varios frentes para abordar estas desigualdades y empoderar a las mujeres rurales se estructura en torno a cuatro pilares.

Primero, se deben emprender reformas jurídicas y formular políticas con perspectiva de género para proteger los derechos de las mujeres rurales y promover la igualdad de género, atendiendo a lo solicitado en el indicador 5.1.1. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)¹⁵. En particular, armonizar las leyes consuetudinarias con las leyes nacionales, de conformidad con los compromisos internacionales sobre derechos humanos, mejoraría considerablemente los derechos de las mujeres sobre las tierras. Incluso donde la ley garantiza estos derechos, las prácticas y las costumbres discriminatorias restringen su capacidad para poseer, controlar, heredar y administrar las tierras y tomar decisiones sobre ellas. Las reformas jurídicas deben ir acompañadas de intervenciones de largo plazo, tales como campañas de sensibilización y diálogos comunitarios, que aseguren la total aceptación de la armonización entre las leyes consuetudinaria y estatutaria. A ello se deben sumar programas de conocimiento legal que ayuden a las mujeres y a sus familias y comunidades a conocer sus derechos de propiedad. Entre los instrumentos jurídicos eficaces de protección a los derechos de las mujeres sobre la tierra se incluyen la concesión de títulos conjuntos de propiedad y de iguales derechos sucesorios, el reconocimiento de las mujeres jefas de hogar y el mejoramiento de la capacidad de las mujeres para tener acceso a la tecnología y a otros insumos agrícolas.

En términos de las políticas que tienen en cuenta las cuestiones de género, es importante garantizar el acceso de las mujeres a los servicios básicos, en especial a los de educación y salud, mediante el mejoramiento de las disposiciones y la provisión de una infraestructura y una conectividad adecuadas. De hecho, todas las políticas se deben mirar a través de la perspectiva de género. La OCDE promueve la elaboración de presupuestos con enfoque de género como una forma eficaz con la que los gobiernos y las autoridades locales pueden fomentar la igualdad en el proceso presupuestario. Tener en cuenta el empoderamiento de las mujeres durante la planificación de los presupuestos puede ayudar a los formuladores de políticas a abordar una variedad de desigualdades de género que se han arraigado en las políticas públicas y en la asignación de los recursos.

Segundo, resulta esencial desafiar las normas y las prácticas sociales discriminatorias. Por una parte, esto supone asegurar la implementación de reformas legales que promuevan los derechos de las mujeres rurales y que reduzcan la discriminación actual. Esto conlleva el desarrollo y la ejecución de programas que aborden el trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres, de acuerdo con la meta 5.4 del ODS n.o 5, a través de la provisión de infraestructura, servicios públicos, programas de protección social y campañas en apoyo a la redistribución equitativa de las responsabilidades domésticas. Por otra parte, se deben eliminar los estereotipos y las percepciones “tradicionales” sobre las mujeres, que impiden realizar una división más equitativa de las tareas domésticas, que imposibilitan su incorporación al mercado laboral formal y que evitan que las niñas sigan estudiando. Los estereotipos de género se pueden eliminar mediante la educación, por ejemplo, examinando los libros de texto para asegurar que son neutrales en cuanto al género, o por medio de la promoción de modelos de roles que las niñas rurales puedan seguir. En México la OCDE ha trabajado junto con la Secretaría de Educación Pública para establecer NiñaSTEM Pueden¹⁶, una iniciativa cuyo objetivo es motivar a las niñas de edad escolar para que cursen asignaturas de ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM), introduciéndolas en modelos de roles femeninos mexicanos que han resultado exitosos en dichos campos.

Tercero, se requiere aumentar la participación de las mujeres rurales en el mercado laboral, ya que ello resulta clave para la sostenibilidad de muchas comunidades rurales de los países miembros de la OCDE. Cerca del 6 % de la población de estas naciones vive en regiones rurales alejadas, lo que contrasta con el 20 %, que habita en las zonas rurales cercanas a las ciudades. En las regiones rurales remotas los obstáculos demográficos son significativos, dado que estas zonas enfrentan el doble desafío del envejecimiento de la población y el declive demográfico. Las tendencias de esta población no se invertirán a menos que las mujeres se integren mejor en sus mercados laborales, lo que podría involucrar no solo al sector agropecuario, sino también a otros sectores. Para lograrlo se requieren políticas eficaces, que incluyen programas específicos de emprendedurismo femenino o el establecimiento de cooperativas, que a menudo ofrecen trabajo a mujeres desempleadas. También resulta esencial contar con más políticas favorables para la familia y con educación y planificación familiar, así como realizar inversiones en servicios de salud, infraestructura y enseñanza secundaria.

Por último, pero no menos importante, se deben efectuar mayores inversiones para llenar los vacíos de datos y dar seguimiento a los avances. Reunir datos supone un gran reto a la hora de medir las normas sociales discriminatorias para las mujeres rurales, debido sobre todo a una percepción ampliamente difundida de que las normas sociales no son cuantificables. Sin embargo, según el SIGI de la OCDE, es posible medir dichas normas y dar seguimiento a los avances en los esfuerzos para atacar las causas de la desigualdad en todas las regiones, independientemente de su nivel de desarrollo. Este índice puede ayudar a medir los impulsores subyacentes de la desigualdad de género; además, los estudios sobre los países contemplados por el SIGI brindan a los formuladores de políticas y los profesionales del desarrollo datos clave acerca de las instituciones sociales discriminatorias de todos los países. A través de la medición de las leyes (formales e informales), las actitudes, las normas y las prácticas discriminatorias de todas las regiones de un país no solo se destacan los efectos de la discriminación en las desigualdades de género, la pobreza y la marginalización de las mujeres, sino también se muestra cómo la discriminación contra ellas interactúa con una variedad de factores, como las diferencias rurales/urbanas o los niveles de educación.

No obstante, el principal desafío por enfrentar es que la recolección de los datos en los países resulta demasiado irregular para que sea significativa en términos de un promedio global. La mayoría de los datos proporciona promedios nacionales, que ocultan las disparidades rurales-urbanas entre las mujeres. Los países deben tener estadísticas desglosadas por género en todas las zonas, que incorporen las dimensiones de género en las encuestas socioeconómicas. La aplicación de encuestas más específicas es fundamental para dar seguimiento a los cambios y diseñar políticas apropiadas para las mujeres rurales y las agricultoras.

Las mujeres rurales constituyen el motor de las comunidades rurales, ya que mantienen sus hogares en funcionamiento, mientras desempeñan un papel primordial en la fuerza laboral rural. Sin embargo, durante demasiado tiempo han sido invisibles y con frecuencia sus necesidades se han pasado por alto. Debemos diseñar y desarrollar las políticas inclusivas en cuanto al género necesarias para empoderarlas mediante capacidades, empleos de calidad, servicios de guardería, buena salud y un mayor bienestar. Además, debido a que suelen encontrarse en el punto más bajo de la distribución de ingresos, respaldar su desarrollo apoyaría también la vida de las familias que se habían quedado atrás. De este modo, las mujeres no solo determinarán su propio destino, sino también contribuirán a que las sociedades rurales sean más inclusivas, sostenibles y dinámicas.