La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son una prioridad central de la Unión Europea (UE). En 2015, la UE adoptó un nuevo marco de transformación para abordar la igualdad de género en las relaciones externas de la UE y en su cultura institucional, llamado Plan de Acción en Materia de Género 2016-2020 (GAP II, por sus siglas en inglés). La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que constituye la base de la agenda de cooperación de la UE para el desarrollo, tiene una política de incorporación transversal del género, en tanto que un objetivo específico (el ODS 5) se orienta a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. El GAP II responde a este objetivo.

En la agenda de la UE, la seguridad alimentaria y nutricional mundial es de alta prioridad. Las mujeres rurales, cuyos roles y responsabilidades son múltiples y complejos, son actores clave para producir, procesar y comercializar alimentos, prepararlos para su consumo en los hogares y mantener la seguridad nutricional en estos. Tienen el potencial de incrementar la productividad, lo que permite aumentar los ingresos; cuentan, además, con los conocimientos necesarios para diversificar sus medios de vida en épocas de estrés. En resumen, las mujeres rurales desempeñan un papel decisivo para lograr la meta de la UE de llegar al hambre cero y erradicar la pobreza rural. Pese a su gran potencial desaprovechado, las mujeres rurales enfrentan muchas barreras para aumentar la productividad agropecuaria y lograr la seguridad alimentaria y nutricional de sus familias. Cuentan con menos acceso que los hombres a los recursos productivos, con menos información y con menos posibilidades de tomar decisiones por cuenta propia. Su función reproductiva hace que las mujeres y las niñas enfrenten más riesgos de inseguridad nutricional que los hombres y los niños.

Las mujeres rurales dan cuenta de la mitad de la producción de alimentos del mundo y hasta de un 80 % de la producción en la mayor parte de los países en desarrollo. Se estima que 7 de cada 10 de las personas hambrientas en el mundo son mujeres. Además, las mujeres poseen menos del 15 % de las tierras en todo el planeta y menos del 2 % de las propiedades en los países en desarrollo; si bien realizan dos tercios del trabajo en el mundo, solo reciben el 10 % de los ingresos mundiales. Es por eso que la desigualdad de género no es solo un problema de las mujeres, sino también de la productividad agropecuaria, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Las mujeres rurales no constituyen un grupo homogéneo. Sus roles y contribuciones a la sociedad difieren, así como sus necesidades e intereses, dependiendo de su edad, sus orígenes, el tamaño y la composición de su familia y la edad de sus hijos. Sin embargo, una característica común a todas ellas es la discriminación, aunque en grado variable. Las políticas de ámbito mundial consideran la igualdad de género como un objetivo estratégico y las políticas de desarrollo rural de la UE convierten la transversalización del género en la directriz que rige la Política Agrícola Común de la UE, así como el Programa de Desarrollo Rural.

En el meollo de estas desigualdades se encuentran las normas sociales que discriminan por razón del género, las cuales se reflejan en actitudes, comportamientos, políticas y leyes que limitan a las mujeres y las niñas. Es por esto que el GAP II exige un enfoque transformador que no solo procure mejorar el acceso de las mujeres a los recursos, sino que también les garantice la igualdad de derechos. Huelga decir que un enfoque transformador tendiente a mejorar la vida de las mujeres y niñas rurales en los sectores de la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional debe ir acompañado de esfuerzos en otros sectores que garanticen sus derechos, incluidos los relativos a su salud sexual y reproductiva.

A fin de producir esta transformación social, necesitamos un análisis sistemático de género fundamentado en evidencias generadas a partir de datos desagregados por sexo y recopilados cuidadosamente, con el objeto de explorar las tendencias discriminadoras que dejan a las mujeres en situación de desventaja. Los roles que las mujeres rurales desempeñan en la agricultura, la seguridad alimentaria y las cadenas de nutrición del mundo en desarrollo son complejos y varían según muchos factores, tales como su condición socioeconómica, ubicación geográfica, edad, condición reproductiva, educación, religión y grupo étnico. Las generalizaciones corren el riesgo de simplificar demasiado los relatos sobre la vida de las mujeres rurales. Además, las tendencias pasadas y emergentes, tales como el cambio climático, la migración, los brotes de enfermedades, la comercialización y el aumento de las tecnologías, la globalización y el conflicto pueden alterar el comportamiento de hombres y mujeres.

Por lo general, las mujeres son las principales proveedoras de atención a los niños, los ancianos y los enfermos. Muchos creen que esta labor subvalorada de cuido, dentro de la economía reproductiva, mantiene pobres a las mujeres y que el valor de este trabajo no remunerado debe ser evaluado y reconocido adecuadamente. Sin embargo, se debe recalcar que, dados los conocimientos de las mujeres rurales acerca de su entorno natural, su hábitat y sus recursos naturales, desempeñan un importante papel en la resiliencia del hogar y en la búsqueda de una agricultura climáticamente inteligente. Cuando disponen de oportunidades, las mujeres rurales pueden ser emprendedoras industriosas, capaces de administrar agronegocios exitosos que aportan ingresos importantes para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional del hogar. Los roles agrícolas y emprendedores de las mujeres complementan su papel de proveedoras de alimentos y nutrición. Su aporte a la nutrición infantil se inicia durante el embarazo, ya que la desnutrición suele comenzar en el útero y continuar en el período de lactancia y en toda la vida del infante. Su predominio en la agricultura de subsistencia, en contraposición al que ejercen los varones en los cultivos comerciales, las convierte en guardianas de la seguridad alimentaria del hogar que, en general, se encargan de cocinar y preparar las comidas de la familia. En los hogares rurales pobres, cuyos ingresos y seguridad alimentaria pueden ser afectados por eventos extremos, tales como volatilidad de los precios, sequías, inundaciones, catástrofes naturales o conflictos, las mujeres pueden verse obligadas a concebir medidas de corto plazo para alimentar a sus familias, tales como el desplazamiento local, la migración y la venta de ganado.

Las mujeres y las niñas rurales también son las principales recolectoras de leña para cocinar y de agua para uso doméstico y consumo humano y animal. Estas pueden ser tareas pesadas que implican recorridos frecuentes y riesgosos lejos del hogar, los cuales pueden volverse aún más largos a medida que los recursos naturales se vayan agotando cada vez más. A consecuencia de sus múltiples roles de proveedoras de alimentos y cuidadoras domésticas, las mujeres rurales suelen carecer del tiempo para actividades más productivas. Esta tendencia se conoce comúnmente como la “carga de trabajo” de las mujeres o su “pobreza de tiempo”. Los roles de las mujeres rurales se ven afectados, tanto positiva como negativamente, por la constante transformación rural que está ocurriendo en los países en desarrollo alrededor del mundo. Se ha iniciado un proceso de cambio social conforme las economías rurales se diversifican, reducen su dependencia de la agricultura, logran más acceso a la información mediante la tecnología de información y comunicaciones, fortalecen sus nexos con las zonas urbanas y se vuelven más móviles, sobre todo mediante la migración de los varones jóvenes. Este cambio puede empoderar a las mujeres rurales, a medida que asuman mayores responsabilidades dentro y fuera de las fincas, mientras los hombres se pasan a empleos no agrícolas o emigran en busca de ingresos alternativos. Por otra parte, el asumir más responsabilidades también puede aumentar la carga de trabajo pesado de las mujeres rurales y dejarlas incluso con menos tiempo para ellas y sus familias.

Por qué importan los derechos sobre tierras/propiedades para las mujeres
En términos generales, si aumenta el acceso, el control, la gestión y el uso de la tierra por parte de las mujeres, esto tendrá un efecto positivo en su vida y en el bienestar de sus familias y comunidades. También redundará en un beneficio de largo plazo para su país y la sociedad en general.

Los derechos seguros sobre tierras/propiedades contribuyen a la realización de los derechos humanos fundamentales. El acceso equitativo de las mujeres a la tierra ayuda a garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la alimentación adecuada, el abrigo, la no discriminación y la igualdad; el derecho a no ser desalojado; y el derecho a la tutela judicial efectiva, etc. Es más, los derechos seguros sobre tierras/propiedades pueden ayudar a proteger a las mujeres contra la violencia.

La evidencia sugiere que la posesión de bienes inmuebles por parte de las mujeres, así como su participación en la administración de las tierras, están asociadas con una mayor capacidad para salirse de relaciones violentas; la tenencia segura les ofrece seguridad económica, sobre todo a las mujeres vulnerables, tales como viudas, ancianas, divorciadas o afectadas por el VIH/SIDA.

Los derechos seguros a la tierra podrían ayudar a aumentar las inversiones agrícolas y a mejorar la productividad agropecuaria. Se reconoce que se necesita más evidencia empírica para medir la relación positiva entre una tenencia segura de la tierra y la productividad agropecuaria. Sin embargo, se está mucho de acuerdo en que poseer derechos seguros constituye un factor crítico que favorece la productividad agropecuaria, junto con otros elementos que suelen estar estrictamente vinculados con la disponibilidad de tierras cuya tenencia es segura, tales como el acceso al crédito, a los suministros de insumos, a la tecnología y a los servicios de extensión, entre otros.

En vista de que las mujeres enfrentan más restricciones que los hombres para la tenencia segura de tierras, encuentran más dificultades que los hombres para tomar decisiones sobre su utilización efectiva y productiva. Por ejemplo, las mujeres frecuentemente enfrentan limitaciones para tomar decisiones con respecto a cultivos, pues los hombres tienden a usar la tierra más productiva para los cultivos comerciales de mayor valor.

Además, las mujeres podrían tener un acceso más limitado a la mano de obra, carecer de conocimientos y tecnologías adecuadas y tener una pesada carga de trabajo que les impone restricciones temporales que obstaculizan aún más su productividad. Si a las mujeres se les permite disfrutar eficazmente de un acceso seguro a la tierra y si se les concede más voz sobre cuáles cultivos sembrar, qué insumos utilizar, qué vender y cómo gastar o invertir los ingresos, su trabajo podría ayudar a efectuar mejores inversiones en las fincas, a aumentar la productividad agropecuaria y, en última instancia, a lograr mayores ganancias con la tierra.

Por consiguiente, los derechos seguros sobre tierras/propiedades son fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición y pueden mejorar la seguridad alimentaria y nutricional del hogar, así como las inversiones familiares. Existe evidencia de que las mujeres que cuentan con derechos más seguros sobre tierras/propiedades reasignan el gasto de la familia de una manera que mejora el consumo de alimentos y permite dar respuesta a otras necesidades básicas, por ejemplo, a contribuir a mejorar la condición sanitaria y nutricional de sus hijos.

Los derechos seguros sobre la tierra pueden mejorar la voz y la participación de la mujer. Las mujeres de las zonas rurales, especialmente las que viven en sociedades más tradicionales, suelen depender de las decisiones de los varones. Pueden carecer del derecho a votar o a participar en las decisiones comunitarias porque no se las considera miembros calificados de la comunidad. Incluso en comunidades que sí incluyen a las mujeres en la toma de decisiones comunes, el derecho de la mujer al voto puede estar socavado por reglas de procedimiento, como las que permiten solo un voto por familia, que automáticamente le corresponde al jefe de hogar, que suele ser varón. Es fundamental derribar las barreras a la participación y fortalecer la voz de las mujeres para ayudarlas a defender sus derechos, tanto a lo interno de sus comunidades como también cuando actores/factores externos amenazan las tierras comunitarias.

Entre estos factores externos, el fenómeno de la adquisición (en gran escala) de tierras (toma de tierras) por parte de actores –sean nacionales o internacionales– que no pertenecen a la comunidad y que reclaman tierras con fines comerciales representa un desafío particularmente crítico, sobre todo para las mujeres indígenas, quienes luchan por el reconocimiento de sus derechos. Aunque el impacto varía de un contexto a otro, se acepta ampliamente que las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de verse negativamente afectadas por este fenómeno porque, en general, son más vulnerables como grupo. En estas circunstancias, las mujeres suelen quedar excluidas de las consultas y negociaciones sobre la transacción de tierras. Es más, en los casos en que la tierra comunitaria se redistribuye después de la concesión de una parte de ella, las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de quedar excluidas de esa redistribución o de que les den parcelas de tierra menos productivas.

Si las mujeres disfrutan de un derecho más seguro a la tierra, pueden mejorar su capacidad para ejercer “voz” y “voto” en las decisiones que afecten el uso y el control de su propia tierra y/o las tierras comunitarias. Sin embargo, para que la participación de las mujeres sea significativa, se debe ir más allá de su simple presencia en las reuniones, de manera que tengan tanto el espacio y los conocimientos para hablar sin riesgos como la seguridad y la capacidad para defender sus derechos. Cuanto más informadas estén las mujeres de sus derechos, mayores serán sus posibilidades de participar en la toma de decisiones.

Para concluir, la UE sigue siendo un socio fuerte y un líder mundial en la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo sostenible tanto dentro como fuera de la UE, extensivo todo ello a las mujeres rurales de ambas áreas geográficas. Esto es importante no solo para estas mujeres, sino también para sus familias, comunidades y países.

Combatir la violencia de género con la iniciativa Spotlight
En septiembre de 2017, la UE y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzaron conjuntamente la iniciativa Spotlight, con una inversión inicial de EUR 500 millones. Su objetivo consiste en eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas alrededor del mundo. Las mujeres rurales algunas veces están desproporcionadamente expuestas a los riesgos de la violencia de género, que abarca desde infanticidios hasta feminicidios, violaciones y asesinatos brutales, así como prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, la violencia doméstica y familiar, la trata de personas y la explotación sexual y económica (laboral).

En la UE ya hemos identificado las regiones de África, Asia, América Latina, el Pacífico y el Caribe en donde implementaremos nuestras acciones y proyectos focalizados; ya hemos identificado las formas de violencia más prevalentes que deben ser atacadas y ahora estamos convirtiendo nuestras políticas de combate contra la violencia de género en programas para países seleccionados, para lo cual trabajamos en colaboración con el gobierno, la sociedad civil y otros actores claves locales.

La iniciativa Spotlight se propone sacar la violencia de las sombras y ponerla en el foco de la atención, abordándola en todas sus manifestaciones alrededor del mundo, con el objetivo de crear un mundo en el que todas las mujeres y niñas puedan sentirse empoderadas para caminar libremente con la frente en alto, sin peligros y con dignidad.