Las mujeres que viven en el medio rural desempeñan un papel esencial en la economía rural, son agentes clave para garantizar la vida de las zonas rurales, para facilitar el relevo generacional, evitar el despoblamiento y para conseguir un desarrollo social, económicamente y ambientalmente sostenible no solo del medio rural, sino de toda la sociedad.

En España, de los más de 8.000 municipios que existen, casi el 72 % tienen una población menor de 2.000 habitantes¹. La mitad de las personas que reside en el medio rural son mujeres. Mujeres que trabajan cada día en sus explotaciones agrarias; mujeres emprendedoras, empresarias autónomas que apuestan por poner en marcha iniciativas empresariales innovadoras, que ofertan productos o servicios de los que carece su entorno y que son poderosos agentes de cambio hacia una agricultura más sostenible y ecológica.

Las mujeres del medio rural, en particular las más jóvenes -que cuentan en España con un nivel formativo superior al de los jóvenes varones- han entendido perfectamente las posibilidades que se abren con la diversificación de la economía en sus territorios, a través de actividades que complementan a la agricultura y a la ganadería, como es el caso del turismo rural, el ecoturismo, el agroturismo, el turismo de experiencia, la artesanía y los oficios artesanales, así como la transformación de productos autóctonos y el sector de la agroalimentación, entre otros.

Sin embargo, estas mujeres se enfrentan a obstáculos que reducen sus oportunidades para acceder a un empleo de calidad, afrontan jornadas laborales interminables, sumando al trabajo remunerado –a menudo peor remunerado que el de los hombres- la responsabilidad casi en exclusiva de los cuidados de sus hijos e hijas, mayores y personas en situación de dependencia, lo que dificulta y reduce sus oportunidades para acceder al empleo, a la participación social y política, a los lugares donde se toman las decisiones, y en resumen, a la igualdad real y efectiva de oportunidades.

Se trata de barreras estructurales, de arraigados estereotipos que perpetúan roles tradicionales de género que hacen que las mujeres se responsabilicen de las tareas invisibles y no remuneradas; la enraizada masculinización de la actividad agraria y pesquera dificulta la participación de las mujeres y su presencia en los puestos de toma de decisiones, dificultades para acceder a la propiedad de las tierras y a servicios e infraestructuras.

Eliminar estas barreras, apoyar a las mujeres que viven en este entorno es una cuestión de justicia y derechos fundamentales, pero es que además sin las mujeres la vida en los pueblos desaparece, envejecen y terminan por desaparecer.

Valorar y reconocer plenamente su trabajo -remunerado y no remunerado-, empoderarlas y facilitar servicios de cuidados accesibles y de calidad, es una tarea indispensable para alcanzar los compromisos asumidos en la Agenda 2030, en concreto en el Objetivo 5 para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Objetivo que está íntimamente relacionado con el Objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas su formas; el Objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición; el Objetivo 8, lograr el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos; y el Objetivo 13, adoptar medidas para combatir el cambio climático.

En España hemos modificado nuestro ordenamiento jurídico, y hemos incorporado nuevas normas para cimentar una sociedad más justa, con la aprobación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que ha introducido el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el conjunto de las políticas. Esta ley presta especial atención a la situación de las mujeres que vienen en el entorno rural, que, además de acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación, tiene en cuenta aquellas que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones.

De especial relevancia es la modificación legal referida a la titularidad compartida, la Ley 35/2011, de 4 de octubre, de las explotaciones agrarias, tan demandada por las asociaciones y colectivos de mujeres del medio rural, que ha supuesto un paso adelante en la modificación de las estructuras agrarias, al reconocer la equiparación de derechos de las mujeres en el sector agrario, el reconocimiento de su trabajo y la protección de la Seguridad Social. Esta Ley posibilita la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación compartida entre los dos miembros de la misma, el reparto de rendimientos al 50 %, la consideración de ambos titulares como beneficiarios directos de las ayudas y subvenciones de las que sea objeto la explotación, y una vía singular y específica para su cotización a la Seguridad Social. Aunque esta Ley ha conseguido importantes avances, sin embargo, no ha acabado con todos los problemas que buscaba combatir. Es por lo que sigue siendo necesario trabajar de forma permanente en ello.

Además, es indispensable acercar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los núcleos rurales, en la medida en que constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de mujeres y niñas. Garantizar su acceso a las TIC, promover su participación en la Sociedad de la Información, aumentar su confianza y seguridad en el uso de las nuevas tecnologías, proporcionar las aptitudes, la información y los conocimientos necesarios, puede contribuir, junto con la ampliación de la banda ancha para todos los núcleos de la zona rural, a que las mujeres puedan incorporarse al ámbito laboral.

En estas líneas estamos trabajando, a través de programas que facilitan la formación, asesoramiento, mentorización y coaching a las mujeres del medio rural que quieren autoemplearse o poner en marcha un proyecto de negocio. Disponemos de una plataforma de comercio electrónico ( http://desafiomujerrural.es/ecommerce/) que dota a las emprendedoras del medio rural, de un canal telemático a través del cual pueden difundir y vender sus productos en el ámbito local, nacional e internacional, de una forma accesible. Esta plataforma de comercio electrónico va acompañada de un servicio de tutorización personalizado para facilitar a las emprendedoras su utilización, la difusión de sus productos y transacciones económicas seguras.

Trabajamos con el sector agroalimentario, en particular en las cooperativas en torno a las que gira la economía de la mayoría de los pueblos de las zonas rurales en España, promoviendo un cambio cultural de mujeres y hombres que nos permita que las mujeres alcancen los puestos de alta responsabilidad, incluidos los Consejos Rectores donde a día de hoy la presencia de mujeres es extremadamente baja.

Otra parte esencial es el apoyo al asociacionismo de las mujeres rurales, poderosos instrumentos de participación que permiten a las mujeres ocupar espacios públicos, desplegar estrategias de acción colectiva y que facilitan a las mujeres rurales la participación activa en la vida social y laboral y desarrollar sus derechos de ciudadanía.

Además, es necesario tener presente la especial situación de vulnerabilidad en la que se hallan las mujeres rurales ante la violencia de género. En España el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado sin ningún voto en contra por todos los grupos parlamentarios, contempla medidas específicas dirigidas a combatir la violencia de género sobre este colectivo. Dichas medidas abarcan áreas como la prevención y la sensibilización; la respuesta institucional, la coordinación y el trabajo en red; la asistencia, ayuda y protección a las víctimas; el ámbito sanitario; y la mejora del conocimiento, entre otros.

En definitiva, la sostenibilidad del medio rural pasa por afrontar de forma decidida las desigualdades que todavía sufren las mujeres que viven en él, mejorar su situación y sus oportunidades laborales, incrementar su presencia y participación activa en los distintos órganos de dirección de empresas, cámaras agrarias, de comercio, entidades sindicales y organizaciones profesionales e instituciones de participación política y social.

Debemos romper las barreras que todavía hoy impiden a las mujeres rurales participar en nuestra sociedad en igual medida que los hombres, y multiplicar los esfuerzos para superar los obstáculos que dificultan la plena igualdad de oportunidades en el mundo rural.