Durante la presente década, la CEPAL ha posicionado la igualdad como un valor fundamental del desarrollo y como un principio ético irreductible. La desigualdad no solo es injusta sino también ineficiente, pues genera y sustenta instituciones que no promueven la productividad ni la innovación. Por otro lado, la discriminación cierra oportunidades que también representan trayectorias de aprendizaje y de innovación favorables a la productividad. Las desigualdades de género, rasgo estructural de América Latina, son el más claro ejemplo de ello. Ellas implican una distribución inequitativa del poder, de los recursos, del tiempo, de la riqueza entre hombres y mujeres y están en la base de la insostenibilidad del estilo de desarrollo dominante. El desafío es avanzar hacia un cambio estructural progresivo que contribuya a transformar las relaciones de poder de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible y en un accionar que articule los desafíos del corto y del largo plazo.

A nivel global, el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5 (ODS 5) de la Agenda de Desarrollo 2030 establece la aspiración de “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Para avanzar en esa dirección se plantean metas en medios de implementación relativos al empoderamiento económico de las mujeres (5.a), al uso de las nuevas tecnologías (5.b), y al desarrollo de marcos legales y de políticas que promuevan igualdad de género y el empoderamiento a todos los niveles (5.c).

En el ámbito regional, la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género, aprobada en 2016 durante la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, plantea una hoja de ruta para avanzar con paso firme en la dirección planteada por el ODS 5. Desatar los nudos críticos de la desigualdad de género es una cuestión de justicia y una condición necesaria para pasar de una cultura de privilegio a una cultura de derechos y de igualdad. La cultura del privilegio se expresa en la jerarquización y valorización de lo masculino y cristaliza y reproduce y perpetúa las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

Las cifras disponibles sobre de la situación laboral de las mujeres en el área rural indican que las brechas de género de la participación y la tasa de ocupación en detrimento de las mujeres son mucho más acentuadas que en las zonas urbanas. Esto se debe a las mayores dificultades que tienen las mujeres para conseguir un empleo respecto a los hombres, así como a la invisibilidad de las trabajadoras rurales que cumplen actividades familiares no remuneradas o productoras para el autoconsumo, no son captadas como ocupadas en las encuestas. Con una asignación tradicional de los roles de género más rígida, las mujeres son restringidas al ámbito y tareas vinculadas a la reproducción. Así muchas mujeres rurales son consideradas trabajadoras secundarias, que, en última instancia, complementan los ingresos del hogar. Este papel se refleja en la mayor participación de las mujeres en empleos agrícolas temporales. En consecuencia, muchas de las mujeres rurales solo consiguen empleos precarios y mal remunerados, por lo que pasan a formar parte del contingente de “pobres que trabajan”, es decir, trabajadoras cuyos salarios no les permiten satisfacer sus necesidades mínimas, a pesar de las extensas jornadas de trabajo. Esta situación no solo exacerba la precariedad de las condiciones laborales actuales de esas mujeres, sino que dificulta su acceso futuro a la seguridad social. ¹

En este artículo se examinan tendencias regionales relacionadas con el empoderamiento de las mujeres rurales, a partir de su participación en el mercado de trabajo², que constituye un mecanismo de empoderamiento económico. La evidencia es de claroscuros.

Una primera tendencia es el incremento de la proporción de hogares rurales con jefatura femenina que se observa en casi todos los países para los que se dispone de información comparable. Si tomamos esto como un indicador de empoderamiento económico, la tendencia es positiva, especialmente en las zonas rurales, pues entre 2002 y 2014 la región registró un aumento del 40 % en la proporción de hogares rurales encabezados por mujeres (CEPAL-FAO-IICA, 2017). Sin embargo, los hogares con jefatura femenina pueden ser más vulnerables a los choques económicos y en riesgo de pobreza, especialmente cuando el ingreso de la mujer es el único del hogar o cuando este proviene de fuentes no laborales (por ejemplo, transferencias, incluyendo remesas). La información disponible sobre la distribución de empleo rural aporta evidencia de ello. Más de la mitad de los hogares encabezados por mujeres son clasificados como inactivos, mientras que entre el 25 y el 30 % se encuentran en un empleo remunerado no asalariado (CEPAL-FAO-IICA, 2017). Además, la proporción de mujeres rurales jefas de hogares es todavía baja, menos del 25 % en la mayoría de los países (CEPAL-FAO-IICA, 20157). Esto probablemente refleja las normas sociales regionales en cuanto a los roles de género, pues los hombres son quienes generalmente asumen el rol de jefatura, incluso cuando tanto los hombres como las mujeres aportan económicamente para el bienestar total del hogar.

La tendencia al incremento en la jefatura femenina ha sido independiente de la reducción de la pobreza que se ha observado entre los hogares rurales desde principios de siglo. La evidencia indica que estaría más vinculada con el cambio estructural en el medio rural, que se manifiesta en la contracción del sector agrícola y la posterior expansión de sectores no agrícolas. Estimaciones a partir de la información disponible (CEPAL-FAO-IICA, 2015) indican que cuanto más se contrae la ocupación en el sector agrícola mayor es el incremento de la jefatura femenina rural. Además, la edad promedio de las jefas de hogares rurales se ha reducido, con un marcado aumento en la proporción de los hogares rurales con jefatura femenina en el grupo de mujeres menores de 35 años (CEPAL-FAO-IICA, 2015); una tendencia que es más marcada en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Esto es relevante, pues se trata de un grupo de edad en el cual los roles de género asociados al cuidado de la familia pesan menos y por lo tanto, la mujer goza de mayor independencia para establecer su propio hogar.

La segunda tendencia relevante es el incremento en las tasas de empleo femenino rural. En las últimas décadas ALC mostró progresos considerables hacia el ODS 5, exhibiendo importantes avances en la paridad de género en educación, salud y participación en la fuerza laboral. El aumento de la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo regional fue el mayor del mundo; y esa tendencia ha sido más pronunciada en el ámbito rural (CEPAL-FAO-IICA, 2015). Los aumentos fueron mayores que las tasas de empleo nacionales, y con pocas excepciones, se observaron en todos los grupos de edad³. Sin embargo, los perfiles del empleo de las mujeres rurales por grupos de edad presentan diferencias destacables (según este sea remunerado, por cuenta propia, como empleadora o como familiar no remunerada), que también muestran indicios de roles de género.

En el grupo más joven, la principal categoría de empleo en la mayoría de los países es como asalariadas no agrícolas; y una porción significativa se emplean como familiares no remuneradas (más del 20 % en varios países). Al pasar al rango de edad media (35-60 años), se presenta una transición al empleo por cuenta propia, sobre todo en los sectores no agrícolas. En edades mayores hay una nueva reducción de empleo asalariado no agrícola, así como mayores aumentos del empleo por cuenta propia, agrícola y no agrícola.

Esos perfiles son congruentes con la expansión de las oportunidades de empleo para las mujeres más jóvenes, como resultado de la expansión del sector no agrícola. También sugieren que a medida que las mujeres envejecen y asumen roles más tradicionales, por ejemplo, en el cuidado de la familia, tienen más probabilidades de abandonar el mercado de trabajo formal y participar en actividades más informales o a desarrollar emprendimientos propios, que puedan conciliar con sus roles de proveedoras de cuidados.

Aunque no existen cifras detalladas, hay una clara tendencia de las mujeres rurales a ingresar al mundo del trabajo a través de emprendimientos propios. De acuerdo con cifras de censos agropecuarios de algunos países, la proporción de mujeres que son jefas de explotación rondaría el 25 %. Esto implica que son ellas las que toman las decisiones técnicas y comerciales y en muchas ocasiones quienes llevan la mayor parte del trabajo productivo. En el ámbito del trabajo por cuenta propia, de carácter más informal, los emprendimientos son de diversa naturaleza y se desarrollan en paralelo con sus actividades de cuidado de la familia; por ejemplo, invernaderos con hortalizas, elaboración de productos alimentarios procesados, artesanías, ventas en ferias locales, emprendimientos turísticos, entre otros. La diversidad de negocios es amplia y en general se aprecia un rasgo común: tales emprendimientos funcionan exitosamente gracias al empuje, a la prolijidad y a la disciplina con que son ejecutados. Por eso las mujeres rurales concitan una creciente atención por parte de la banca de desarrollo y de los programas públicos de fomento al emprendimiento productivo.

El desafío global y regional al 2030 requiere desatar los nudos de la desigualdad de género. Se trata de transitar de la desigualdad socioeconómica y el crecimiento excluyente hacia estilos de desarrollo que garanticen la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; de avanzar de una rígida división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado hacia la redistribución del tiempo, los trabajos y las oportunidades; de cambiar los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio y dirigirnos hacia la cultura de los derechos y la igualdad; y de cambiar la concentración del poder por la democracia paritaria.

Las tendencias destacadas sugieren la necesidad de políticas para apoyar a los hogares con jefatura femenina, para incrementar el empoderamiento de las mujeres y la paridad de género. Para ello, los gobiernos deben asegurar que las mujeres puedan adquirir las mismas habilidades y disfrutar de salarios similares a los de los hombres, en condiciones de trabajo equivalentes.

Mayor educación, acceso a recursos financieros y conocimientos (meta 5.a) incrementarán el empoderamiento e independencia de las mujeres, especialmente en los hogares encabezados por ellas. Sin embargo, aunque muchos países proporcionan técnicamente igualdad legal a las mujeres, la aplicación de tales protecciones es a menudo débil. Asegurar que las mujeres tengan iguales derechos y, tan importante como eso, que sean conscientes de ellos, aumentará el empoderamiento de las mujeres y mejorará la paridad de género a corto y largo plazo. Con una mayor protección legal, las mujeres tendrán un mayor control sobre los recursos financieros. Esto beneficiará a la próxima generación de niñas, pues cuando las mujeres tienen un mayor control de los recursos del hogar, dirigen más dinero hacia la educación y la salud de las niñas.

También es importante mejorar la paridad en el lugar de trabajo (meta 5.c). Esto incluiría la igualdad de remuneración y mecanismos de conciliación laboral, por ejemplo, en aspectos relativos a licencias de maternidad y de paternidad. Lo primero aumenta el incentivo para que las mujeres ingresen a la fuerza laboral, a medida que aumenta el costo de oportunidad del tiempo. Lo segundo reduce la preferencia de una empresa de emplear a los hombres, ya que cada empleado tendrá beneficios parentales equivalentes.

La promoción del empleo femenino requiere considerar políticas que fomenten la permanencia y finalización de los estudios de las mujeres rurales para incrementar su productividad, promover la visibilización de las mujeres como trabajadoras (formalizando las relaciones laborales, a través de contratos de trabajo), fortalecer las políticas y los servicios de cuidado en el campo e impulsar una distribución más equilibrada del trabajo doméstico no remunerado entre hombres y mujeres.

A la luz del proceso de cambio estructural en el medio rural, también deberían desarrollarse programas de capacitación para que las mujeres puedan tomar ventaja de las oportunidades que surjan en el crecimiento de los sectores no agrícolas. La adquisición de habilidades, a través de la educación formal o de los programas de desarrollo de capacidades, es relevante para adoptar nuevas tecnologías e innovaciones, para acceder a puestos de trabajo mejor remunerados dentro y fuera de la agricultura y para facilitar la reconversión productiva. La adquisición de habilidades adicionales contribuye, en última instancia, a reducir la pobreza y la desigualdad rural en el largo plazo.

La introducción de nuevas tecnologías (meta 5.b) es una vía para motivar el desarrollo de nuevos emprendimientos por parte de las mujeres y de la población más joven y calificada, pues su disposición para adoptar nuevas tecnologías es mayor que entre los hombres y la población de mayor edad (CEPAL-FAO-IICA, 2011). Una característica importante de las nuevas tecnologías —sobre todo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones— es que pueden permitir saltar etapas en términos de desarrollo tecnológico, abriendo “ventanas de oportunidad” para las economías rurales, y en particular, para las mujeres.

A lo anterior, se deben agregar acciones en muchos otros ámbitos (meta 5.c), que trascienden lo relativo al empoderamiento económico; por ejemplo, acciones orientadas a mejorar la autoestima, reducir la violencia intra-familiar, reconocer su rol como guardianas de semillas tradicionales, evidenciar sus roles en las estadísticas de los programas públicos, asegurar su participación en instancias de la sociedad civil y en general, su participación en ámbitos de dirección, tanto de empresas agropecuarias como de organismos del Estado. Además, el elevado nivel de inactividad entre las mujeres rurales jefas de hogar mayores de 60 años destaca la importancia de las políticas de protección social en el medio rural, con un foco importante en la protección de las mujeres (meta 5.c).

Las mujeres rurales de la región están logrando avances, pero la tarea es inmensa y se requiere de mucho más. La aspiración del ODS No. 5, de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas en el medio rural es un imperativo ético, un asunto de justicia y una condición necesaria para pasar de una cultura de privilegio a una cultura de derechos y de igualdad, también en las zonas rurales de América Latina y el Caribe.